CASO EN LOS JUZGADOS

Los casos de maltrato en la guarderia de El Morell suman ya a 13 niños

La educadora acusada estuvo ocho años en el centro hasta que la despidieron por las denuncias de los padres

Guarderia municipal de El Morell, en el Tarragonés.

Guarderia municipal de El Morell, en el Tarragonés. / periodico

ESTHER CELMA / TARRAGONA

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Ya han aflorado trece presuntos casos de maltrato a niños de entre 0 y 3 años cometidos, presuntamente, por una educadora de la guardería municipal de El Morell (Tarragonès), que fue despedida en abril del año pasado al conocerse su comportamiento en clase. La presunta agresora, de 32 años y vecina de Valls, recurrió su despido en el Juzgado de lo Social y la vista está prevista para el proximo octubre después de que se haya suspendido dos veces.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a la supuesta educadora el pasado 23 de mayo y el juzgado número 1 de Tarragona le imputa maltrato, vejaciones, lesiones y  coacciones. También le ha impuesto como medidas cautelares una orden de alejamiento de 100 metros de la guardería y la prohibición de trabajar en ninguna actividad con menores durante seis meses.

Algunos de los padres han documentado sus denuncias con partes médicos y fotografías de las lesiones de sus hijos. En algunos casos, la imputada los justificó como caídas en el tobogán, pero, según fuentes próximas al juzgado que investiga el caso, los médicos han determinado que la excusa es incompatible con el tipo de lesiones.

FALTA DE MEDICACIÓN

El auto judicial hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya relata varios casos, en los que destaca que habría empujado a un bebé contra el colchón de la cuna y no habría suministrado la medicación a un niño con asma.

En la misma causa constan, según fuentes judiciales, como investigados por encubrimiento, el alcalde Pere Guinovart (PDeCAT), la exconcejal de Educación, Montse Ibáñez, y la exdirectora de la guardería municipal.

La cuidadora, familia política de Ibáñez, entró a trabajar por dos meses para una sustitución, pero su contrato se prorrogó casi ocho años hasta su despido en el 2016. Fuentes municipales han precisado que no tenía esos vínculos familiares cuando la contrató la guardería. El procedimiento de contratación  no fue un concurso público, según estas mismas fuentes, sino por selección entre los distintos currículums presentados al centro.

Además de los imputados, el juez ha citado a declarar a una veintena de testigos, entre ellos, todos los padres que han denunciado y todas las empleadas de la guardería. También al secretario municipal que instruyó el expediente disciplinario que desembocó en el despido de la cuidadora. Su informe ya recomendó denunciar los hechos, pero el consistorio los dió por zanjados con el despido.