El juez visita con el forense a Andrea para decidir si su estado es terminal

La resolución de la controversia médica sobre la niña gallega con una enfermedad degenerativa cuyos padres reclaman que se la deje morir se acelera. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, Roberto Soto Sola, se personó ayer al mediodía en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en compañía de un forense y una secretaria judicial para visitar a la pequeña en presencia de sus padres. El juez había encargado poco antes al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) un informe urgente para determinar si Andrea, de 12 años, se encuentra en un estado «irreversible, incurable y terminal» y decidir si atiende o no la petición de los padres, que han denunciado un «encarnizamiento terapéutico» con su hija y reclaman que le sea retirado el soporte vital (la sonda) por el cual recibe líquidos y nutrientes en el estómago, una demanda que ayer formalizó su abogado en el juzgado.

El juez ha pedido asimismo al médico de Justicia que determine si el tratamiento pautado por el servicio de pediatría del hospital compostelano «es extraordinario o desproporcionado» teniendo en cuenta las perspectivas de evolución de la paciente y si le «produce dolor y/o sufrimiento desmesurado».

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas,  avanzó ayer  que la resolución del caso será «pronta», un plazo que el abogado de la familia, Sergio Campos, considera que no excederá los «siete o diez días». De momento, el juez ya ha citado a los padres y a los representantes del hospital para el lunes.

Sobre la mesa del despacho del juez figuraban ayer el historial clínico completo de la menor, un informe adicional del jefe de pediatría del hospital compostelano y el que a petición de los padres realizó el pasado 14 de septiembre el Comité de Ética Asistencial del Servicio Gallego de Salud. Este último documento, al que ha tenido acceso Europa Press, respalda la solicitud de los progenitores, al recomendar la retirada de la medida de soporte vital -nutrición e hidratación artificial por sonda PEG- e insta también a considerar la sedación paliativa «como tratamiento posible e indicado» en el caso de que como consecuencia de la falta de alimentación aparecen hambre, sed u otras complicaciones y no pueden controlarse los síntomas.

SÍNDROME DE AICARDI-GOUTIÈRES / El informe del comité de ética no es vinculante para el equipo médico pero, en un auto del pasado 28 de julio en el que el juez Jorge Martínez Vázquez autorizaba el tratamiento pautado por el servicio de pediatría, este advertía de la necesidad de tener en cuenta «también las consideraciones» del citado órgano.

El informe, firmado por la presidenta del comité, Marina Iglesias Gallego, relata que Andrea padece «una enfermedad crónica irreversible, probablemente un síndrome de Aicardi-Goutières [un tipo de encefalopatía hereditaria], que ocasiona grave afectación funcional y comporta mal pronóstico vital y funcional». Además, hace hincapié en que la implicación de los padres en los cuidados de la niña ha sido «completa» y pide que se tengan en consideración «sus peticiones y preferencias, a menos que causen malestar en la paciente o utilización inadecuada de recursos».

Según fuentes hospitalarias, Andrea, al margen de ser alimentada a través de una sonda, no está conectada a ningún aparato mecánico para mantenerla con vida o para que sus órganos funcionen.