"Los jueces no somos cobradores del frac"

"Los jueces no somos cobradores del frac". Con esta alusión a los cobradores de morosos, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, se ha referido hoy miércoles a la grave situación que se padece en España con el alud de desahucios provocados por la crisis económica. 46 jueces decanos, reunidos desde el lunes en Barcelona, han acordado una resolución en la que muestran su apoyo al informe elaborado por un grupo de trabajo designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que proponía soluciones frente al endeudamiento familiar y las ejecuciones de hipotecas.

Este estudio no fue asumido, al final, por el órgano de gobierno de los jueces. "Lamentamos que el CGPJ no lo haya asumido. La judicatura podría haber demostrado sensibilidad social. Lo que no podemos ser son sordos y mudos. Y si determinados cuestiones chirrían, los responsable es que lo denunciemos", ha dicho el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.

Al entender de los jueces decanos, que representan a más de 2.000 juristas españoles, la ola de desahucios es "un drama que lleva a la exclusión social de familias que, tras haber perdido trabajo o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, quedan en el umbral de la pobreza". Opinan que no "existe prácticamente margen para la interpretación legal", aun cuando "ciertas resoluciones vanguardistas" han llegado a "loables interpretaciones beneficiosas para el deudor" y a la extinción del crédito mediante la dación en pago de la vivienda. Esta posibilidad tiene, inciden en el documentos de conclusiones, "un difícil encaje en el actual marco legal".

Poco margen de maniobra

Estos juristas coinciden con el informe remitido al CGPJ que existe "margen" para "suavizar" la regulación de la ejecución hipotecaria cuando "concurran circunstancias excepcionales" y, por lo tanto, "humanizarla". Las medidas que sugieren son varias, como la ampliación del código de buenas prácticas bancarias (las entidades financieras se comprometen a buscar soluciones en casos extremos), la elevación del porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta (hoy el 60% de su valor de tasación); la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como "privilegio de los grandes acreedores", la tasación de la casa por profesionales independientes, la concesión de moratorias o periodos de carencia por el juez, la limitación de los intereses moratorios y gastos del proceso, así como la dación en pago en ciertos supuestos o la autorización para que el deudor continúe en la vivienda pagando un canon o alquiler.

Según los jueces decanos, todas estas medidas son, como mínimo, dignas de estudio, algo que debe hacerse "con urgencia". En suma, se apunta la necesidad de reformar la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria ante las "excepcionales circunstancia económicas que se dan hoy en España".

El juez decano de Valencia ha asegurado en la presentación de las propuestas que en la actualidad los jueces no tienen margen de maniobra respecto a los desahucios. Solo se puede hacer una moratoria del pago de las cuotas si el acreedor está conforme. Y ha insistido en la necesidad de modificar la legislación actual. "Hay un mecanismo urgente, como es el real decreto, que es el mismo sistema con el que se aprobó el Código de Buenas Prácticas", ha explicado el magistrado. Gonzalez-Guija, el juez decano de Bilbao, ha advertido:"Nosotros no podemos inventarnos normas jurídicas".

Medios africanos

Los jueces decanos también han pedido más medios para realizar su trabajo, ante el colapso que sufren. "Los jueces somos los últimos garantes de los derechos de los ciudadanos. No podemos tener leyes escandinavas con medios africanos", ha afirmado el representante de Valencia. Asimismo, los juristas reunidos en Barcelona han reclamado que "deben garantizarse mecanismos ágiles de apoyo en los juzgados sobrecargados, así como en los órganos judiciales que conocer de asuntos especialmente complejos o de gran trascendencia social", en especial los procesos abiertos por casos de corrupción.