La guinda de la 'ley Wert'

Cuando hace unas semanas la Xarxa d'Escoles Insubmises anunció la campaña contra las pruebas diagnósticas de tercero de primaria, la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, comentó, a preguntas de este diario, que a ella, «más que estas pruebas», las que realmente le preocupaban eran las evaluaciones previstas para la ESO y el bachillerato. «Con esas sí que tendremos problemas», avisó entonces Rigau, quizás porque ya conocía el contenido del decreto que unos días después iba a hacer público el Ministerio de Educación y que ayer José Ignacio Wert presentó a las comunidades autónomas.

Los problemas que plantean las reválidas -si no es que antes se deroga la LOMCE, como han prometido hacer todos los partidos de la oposicion en cuanto el PP pierda la mayoría en el Congreso-, son varios, avisan las voces críticas. Una de sus lagunas, advirtieron ayer los consejeros contrarios a la también conocida como ley Wert, es que se deja en situación de desamparo a los estudiantes que, habiendo aprobado la ESO y el bachillerato, no logran superar la reválida.

«Estos chicos siguen sin tener una respuesta, pese a que llevamos tiempo pidiendo al ministerio que resuelva esta situación. La única solución que se les ofrece es que se presenten a las pruebas de adultos, lo que supone que han de esperar hasta a cumplir los 18 años», denunció el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. «Van a quedarse en una especie de reino de nadie», agregó la asturiana Ana González.

Quienes se encuentren en esta circunstancia («posiblemente muy pocos», puntualizó el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, Joan Mateo), siempre podrán ir a estudiar formación profesional, «que es lo que parece querer el ministerio», agregó la consejera González. Otra opción, dijo, «es que se busquen academias privadas para conseguir pasar la prueba en siguientes convocatorias». «Lo que no deja de ser una manera de dar alas a la educación privada», observó el andaluz Alonso.En el caso de la ESO, la nota obtenida en la reválida computará un 30% en la nota final obtenida por el alumno en esta etapa educativa, frente al 70% de peso que tendrán las puntuaciones del instituto. En el bachillerato, la relación es de un 40% para la reválida y un 60% para el promedio de las notas sacadas en los exámenes hechos durante los dos cursos del ciclo, igual que ocurre ahora con la selectividad.

Un nuevo modelo

Un nuevo modeloPero si hay algo que realmente enoja a los consejeros críticos con la LOMCE es el poder que, en su opinión, tendrán estas evaluaciones externas sobre el día a día de las escuelas. «Desde el momento en que se decide que solo habrá pruebas de unas determinadas asignaturas, se está relegando al resto de materias», observó Mateo. «¿Y qué harán los profesores y los centros educativos con su proyecto pedagógico? Pues posiblemente adaptarlo a las exigencias de esas reválidas», subrayó el consejero andaluz. Con este mecanismo «impuesto sin consenso ni diálogo, el Gobierno viene a demostrar quién manda y lo hace sembrando el miedo entre los alumnos, las familias y los profesores», apostilló el canario José Miguel Pérez. Es, en definitva, la guinda del pastel que empezó a elaborar Wert con la LOMCE: «El control del Estado sobre las competencias de las autonomías», sentenció la viceconsejera vasca Arantza Aurrekoetxea.