Guerra en el Registro Civil

Casi todas las leyes son "completamente necesarias", según el Gobierno que las impulsa, o "inútiles o injustas", en opinión sus detractores. La reforma del Registro Civil que planea Alberto Ruiz-Gallardón cumple con esta máxima. Según el Ministerio de Justicia, eliminará colas y el vía crucis de ir de Administración en Administración para solicitar certificados, ya que todos los datos se intercambiarán on line. Por el contrario, para buena parte de los operadores jurídicos, el nuevo modelo supondrá un aumento de los actos inscribibles y, lo más importante de todo, acabará con la gratuidad en un servicio público.

La reforma aún se encuentra en fase de borrador, pero ya ha provocado un cruce encendido de acusaciones, una especie de lucha de lobis, entre los sectores afectados. El Gobierno no tiene demasiado tiempo para deshojar la margarita porque en julio del año próximo entra en vigor la reforma del Ejecutivo socialista, apoyada por el PP, que desjudicializa los registros para dejarlos en manos de funcionarios o secretarios judiciales. El problema, según el Ejecutivo actual, es que para llevarla a la práctica sería necesario crear más plazas de empleados públicos, una circunstancia que choca con la austeridad presupuestaria. Por eso Gallardón se ha sacado de la chistera una idea que ya circuló la legislatura pasada: encomendar su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles (curiosamente la profesión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy) . Con esta jugada, libera jueces y funcionarios, que serán trasladados a los juzgados más atascados, y ahorra más de 450 millones a las arcas del Estado.

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