LOS EFECTOS DE LA CRISIS
Pionero subsidio municipal para pensionistas que ayudan económicamente a sus hijos
Carles Cols
Periodista
CARLES COLS / BARCELONA
Gavà ha decidido poner en marcha otra cura paliativa absolutamente inimaginable antes del 2008, el año en que la economía se vino abajo. El ayuntamiento de esa ciudad ha reservado una partida en el presupuesto municipal del 2016 para ayudar económicamente a los pensionistas que se han tenido que hacer cargo de sus hijos, a veces con nietos a cuestas, porque son víctimas del llamado paro de larga duración.
No es un drama desconocido. Ya en el 2012 (año V de la crisis), Cruz Roja calculó que uno de cada tres pensionistas de España ayudan económicamente a sus hijos, es decir, un rotundo cambio de planes de lo que un día supusieron que sería su jubilación. La novedad ahora es que se abra una línea de ayuda, municipal. El pez se muerde la cola. Hombres y mujeres en edad laboral están en paro o ganan sueldos que les convierten técnicamente en pobres y, con ello, no alimentan de forma suficiente la caja de la Seguridad Social. La guinda es que una administración decida ahora, con buen propósito pero cerrando aún más este círculo perverso, echar mano de su caja para aliviar a las familias más vulnerables. Parece que Gavà es pionera en adoptar esta medida, al menos en el área metropolitana de Barcelona.
EL AVISO DE LAS BECAS DE COMEDOR
Allá por el año III o IV de la crisis circuló un chiste muy sombrío, que si no era de El Roto podría serlo. Se decía en él que, al paso que iba la crisis, muy pronto los niños españoles coserían en fábricas de aquí las pelotas de fútbol con las que jugarían en sus ratos de ocio los niños que en el sureste de Asia cosen pelotas para las grandes multinacionales del deporte. Dejó de hacer gracia a mitad del curso escolar 2011-2012, cuando los monitores de comedor de algunas escuelas catalanas lanzaron un primer aviso de alerta porque era evidente que había niños que la noche anterior no habían cenado de forma suficiente en casa. Las becas de comedor son hoy parte del paisaje cotidiano. No se discute su necesidad, aunque cada año el parto de su dotación presupuestaria, que depende de la Generalitat, hay que practicarlo con fórceps.
El nuevo síntoma de que algo anda muy mal es que Gavà crea llegada la hora de complementar las pensiones. La ayuda prevista no es una salvación definitiva. Es más bien un simple tablón de madera para agarrase y flotar. Las personas que reúnan las condiciones requeridas podrán percibir 365 euros anuales, simbólicamente un euro al día. Tras poner al trasluz el padrón, los servicios sociales del ayuntamiento calculan que hay en el municipio unos 186 hogares que reúnen las condiciones requeridas, y eso después de establecer una horquilla menos restrictiva que la que suelen emplear otras administraciones para planificar su política de ayudas. En la práctica, cualquier familia que viva con menos de 1.530 euros al mes podrá acogerse al plan. En el hipotético caso de que todos esos pensionistas solicitaran la ayuda, la partida total prevista, unos 65.000 euros, se agotaría. Si no, quedará un remanente.
EL IMPACTO SOCIAL
Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà, explica que el problema al que se enfrentan los pensionistas con hijos adultos a su cargo va más allá del estrictamente económico. De una pensión de menos de 1.000 euros viven en algunos casos tres generaciones: quien la percibe, sus hijos en paro o con unos ingresos mínimos y los niños en edad escolar. Esa es la faceta económica de lo que sucede en los casos detectados por el ayuntamiento. Pero luego está lo intangible, en lo que menos se repara, pero que tiene una gran importancia. "Dejan de participar en actividades, en excursiones, por ejemplo. Su vida social se encoge. Y también se ven obligadas tal vez a alterar sus hábitos alimenticios, compran menos producto fresco, su dieta empeora”. La alcaldesa habla en femenino porque, cifras en mano, este es un drama que afecta sobre todo a mujeres.
La vía de ayudas que ha decidido emprender Gavà tiene, por otra parte, un no premeditado efecto simbólico. El próximo 1 de enero era la fecha en la que, según la pretensiones del Gobierno de Mariano Rajoy, los ayuntamiento de España tenían que retirarse de la prestación de servicios sociales porque competencialmente son una atribución de las autonomías. Esa controvertida ley fue aprobada solo por el PP, gracias a su mayoría absoluta, en el año 2013. Los alcaldes ya habían anunciado que sencillamente la ignorarían, que no se desentenderían de las guarderías infantiles y que no cerrarían, por ejemplo, los comedores sociales. Tampoco iban a dejar de complementar las becas comedor (dijeron unánimemente), y menos ahora que la Generalitat les trata financieramente peor que a las farmacias, que ya es decir. Es en este contexto que la medida impulsada por Gavà adquiere su carácter, además de efectivo, simbólico.
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