Fundido a negro

¡Esto es una república bananera! Con esta claridad y contundencia define un indignado representante de las televisiones privadas el singular panorama audiovisual español, y que a partir de mañana será un poco más peculiar: si no hay un milagro de última hora, España será el primer país en el mundo que perderá de un plumazo nueve canales de televisión digital terrestre (TDT). Entre estas cadenas, algunas tan conocidas como La Sexta 3, Nitro y Xplora (del grupo Atresmedia) y Nueve y Siete (de Mediaset). Y la incorporación de todo el colectivo de televisiones privadas al ya nutrido club de indignados españoles de casi todos los ámbitos está totalmente justificada: van a perder nueve canales (y las millonarias inversiones realizadas hasta ahora, además de puestos de trabajo) por un error ajeno. Un patinazo garrafal que, para más 'inri', es del propio Gobierno español que se los concedió hace cuatro años.

Esta surrealista situación nació en el Consejo de Ministros del 16 de julio del 2010 (que presidía Rodríguez  Zapatero). Allí se aprobó asignar «un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal». Es decir, 9 nuevos canales a repartir entre A-3, Tele 5, Sogecable, La Sexta, Veo TV y Net TV.

El pequeño detalle que se le pasó al funcionario de turno es que estas concesiones debían ser previo concurso, tal como establecía la ley del audiovisual, aprobada un par de meses antes. Este error garrafal no se le pasó por alto a Infraestructuras y Gestión 2002 SL, una modesta empresa dedica al transporte de la señal audiovisual que pugnaba por entrar en el negocio, y que con este reparto a dedo se vio ninguneada. A través de su representante legal, MassMedia Assistants, esta empresa presentó un recurso ante el Tribunal Supremo. Y el Alto Tribunal, en diciembre del 2012, reconoció en parte la demanda, al considerar que aquella concesión directa «no se ajusta a derecho por ser contraria a la ley». Así, el Supremo decretó nula la concesión de estos nueve canales, que ya llevaban emitiendo más de dos años.

Según las teles implicadas, esta absurda situación provocada por un error del Gobierno tenía que solucionarla el propio Gobierno: «Debía haberlo planteado como un típico defecto de forma», afirman. Por ejemplo, una de la soluciones que plantearon al Gobierno de Rajoy fue la de aprobar un real decreto (uno más no importa) «para solucionar un error que solo es formal».

Pero la sorpresa saltó tras el Consejo de Ministros del 22 de marzo del 2013, cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que  el Gobierno acataba la sentencia del Supremo y que los canales de marras debían desaparecer.

Del pasmo en la Uteca (que engloba a todas las teles privadas) se pasó a la indignación («¡esto es un atropello!, clamó Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset) y, por último, a la sospecha de que esta decisión del PP esconde motivos espurios, pero que desde la Uteca empiezan a entrever. «Primero pensamos que era una manera de atar corto a los informativos de las cadenas, en un momento en el que el PP estaba en todas las portadas por sus escándalos con el caso Bárcenas -explica un portavoz de la Uteca-, pero también existe otra posibilidad: esta suspensión de frecuencias permite convocar un nuevo concurso de frecuencias, en el que favorecerían a sus cadenas más afines ideológicamente, como es el caso de 13TV, que controla Conferencia Episcopal».

Por ahora, solo son sospechas, y lo único cierto es que mañana los espectadores tendrán nueve canales menos de una TDT que en su momento se vendió como la panacea de la calidad y variedad audiovisual.