La fiscalía apoya un pacto de pena leve para los mossos acusados de matar a golpes a Benítez

La Fiscalía de Barcelona se ha unido a la defensa de los seis mossos acusados de la muerte de Juan Andrés Benítez en octubre del 2013 en el barrio del Raval, tras ser reducido y golpeado violentamente, para expulsar del procedimiento judicial a la acusación popular que ejerce la Associació Catalana de Drets Humans (ACDH). Y es que la fiscala, el abogado de la víctima y la defensa de los policías han llegado a un preacuerdo para que estos mossos acepten la comisión de un delito de homicidio imprudente, la imposición de una pena de menos de dos años de prisión para evitar el ingreso en la cárcel, y el pago de una indemnización de unos 100.000 euros a la familia de Benítez. El pacto también prevé penas de multa para otros dos agentes acusados de encubrirlos. La única parte que se opone a ese pacto es, precisamente, la acusación popular.

En sus escritos de conclusiones provisionales, la fiscalía pide hasta 11 años de cárcel para los seis agentes que de forma “excesiva y desproporcionada” redujeron a Benítez y le propinaron “patadas”, “puñetazos”, “rodillazos” e incluso golpes de porra hasta que quedó inconsciente. El hombre falleció después en el Hospital Clínic de Barcelona. La acusación particular y la acusación popular reclamaban una pena mayor. Sin embargo, ahora, la fiscala Elena Contreras ha defendido el preacuerdo porque el caso es "complejo" y existen "cuatro concausas" que podrían haber provocado el fallecimiento de Benítez, a la vez que ha advertido del "incierto desenlace" del caso. Los forenses apuntaron que la contención policial pudo no ser el único factor que provocó la muerte de la víctima, sino que también pudieron influir el consumo de cocaína y las dolencias cardiacas del fallecido.  

Este jueves por la mañana se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la vista para debatir los recursos presentados contra la decisión del magistrado que presidirá el juicio con jurado, que está previsto que empiece el próximo lunes, de no expulsar a la acusación popular, como reclamaron en su día y volvieron hacerlo ayer las defensas.

LAS CONSECUECIAS

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La resolución que dicte el TSJC no solo tendrá una consecuencia directa sobre el proceso que se sigue contra ocho mossos relacionados con la muerte de Juan Andrés Benítez, sino también en el futuro en España de la figura de la acusación popular. Fuentes judiciales han asegurado que es la primera vez que se debate en un tribunal si una acusación popular puede torpedear o no la voluntad de la familia de la víctima de llegar a un acuerdo.

Tanto la fiscalía como los abogados de los mossos han solicitado que se aplique un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que permitiría la expulsión del proceso de la acusación popular. En concreto, el artículo 109 bis sostiene que la acción penal puede ser ejercida por asociaciones de víctimas y por otras entidades, siempre y cuando cuenten con la autorización del perjudicado. Los letrados también ha citado el reciente Estatuto de la Víctima.

SIN CONSENTIMIENTO

En este sentido, el abogado de la familia de Benítez, David Aineto, ha dejado claro que la ACDH  “no tiene ni tendrá” ese consentimiento. “La familia de la víctima quiere que acabe este proceso y que no se alargue más este sufrimiento”, ha afirmado.

En cambio, Laia Serra, que ejerce la acusación popular en nombre de esta asociación ha defendido que debe continuar en la causa. “Cualquier vulneración de la integridad de los ciudadanos tiene unas consecuencias sociales”, ha advertido, para después añadir que “hay gente que vive en el Raval que está permanentemente expuesta a la acción de la policía”.

Las defensas de los mossos han sido contudentes. El abogado Andrés Maluenda ha expresado su preocupación porque una parte del proceso (la acusación popular) "condicione un preacuerdo aceptado por quienes defienden los intereses de la víctima". "¿Por qué vamos a permitir que una acusación popular boicotee un acuerdo entre las partes?", ha apuntado el letrado José María Fuster-Fabra, que ha recordado que en ningún país europeo se aceptaría que esa parte "dinamite una solución al conflicto".