PROCESO JUDICIAL EN MANREsa por un delito contra la fauna

El fiscal solicita prisión para dos cazadores por matar a 12 perros

Los terrenos del Bages en los que los dos cazadores esparcieron la carne envenenada.

Los terrenos del Bages en los que los dos cazadores esparcieron la carne envenenada.

JESÚS G. ALBALAT / BARCELONA

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la caza es una práctica tan antigua como la especie animal. Pero el hombre, en cuanto empezó a andar erguido, desarrolló mayor inteligencia y encontró el modo de hacerse con las presas de una manera más rápida, sin ensuciarse las manos. Y a veces, más tramposa. En Manresa ha dado comienzo un proceso judicial que pone de manifiesto hasta qué punto un cazador es capaz de evitar que una fiera carnívora se haga con el botín antes que él. El fiscal de Medio Ambiente Antoni Pelegrin solicita en un escrito de acusación dos años de prisión y tres años de inhabilitación para cazar para los dos responsables de un coto privado del Bages que repartieron por la zona trozos de carne impregnados con un producto tóxico para provocar la muerte de animales carnívoros y proteger las especies de caza, como el conejo, la perdiz y el faisán. Sin embargo, lo que originaron fue la muerte de 12 perros y un zorro.

Uno de los acusados es Fernando V. G. presidente de la Associació Guardiolenca de Caça, entidad que ostenta una explotación de área privada de caza que tiene una extensión de 3.380 metros cuadrados de zona forestal y agrícola en los términos municipales de Castellfollit del Boix, Manresa y San Salvador de Guardiola. Esta persona era, según la fiscalía, el principal responsable de la vigilancia y gestión del coto y contaba con la asistencia del también acusado Amalio P. L., que era socio de dicha asociación cinegética. Se les imputa un delito contra la fauna y otro de daños.

La acusación pública sostiene que los acusados eran los que promovían actuaciones destinadas a impulsar el aumento de las especies objeto de caza menor, con reintroducción y liberación periódicas de nuevos ejemplares y la instalación de abrevaderos y comederos ubicados en diversos puntos del coto, así como de algún majano (nido artificial para los conejos) o la recuperación de campos de cereales.

SIN AUTORIZACIÓN / La fiscalía sostiene que, al menos a partir de marzo del 2012, con esa misma intención, los acusados, sin ninguna autorización, distribuyeron por el coto restos de carne impregnados o macerados con un producto químico insecticida. El objetivo: producir la muerte del máximo número posible de animales carnívoros y preservar los conejos, perdices y faisanes. El plaguicida utilizado, según la acusación, es «muy nocivo para la salud humana y para el medio ambiente» y solo se puede usar de manera muy controlada en la investigación y en los laboratorios en cantidades bajas.

Los imputados esparcieron trozos de carne envenenada no solo en el coto, sino en parajes próximos, uno de ellos cercano al parque natural de la Montanya de Montserrat, donde hay más presencia de fauna salvaje. La acción de los acusados causó la muerte de, al menos, 12 perros de propiedad privada. Los agentes rurales llegaron a comprobar que había trozos de carne envenenados entre la vegetación de la zona.