Familias que viven en pecado

El colectivo gay también trató ayer de echar el resto en sus actividades de protesta contra la visita del Papa y la homofobia de la Iglesia. Tras las besadas masivas de días anteriores, unas 200 personas se concentraron en la plaza Vázquez de Mella, en el céntrico barrio madrileño de Chueca,«para mostrar a Benedicto XVI que también hay familia fuera de su dictadura doctrinal»,según Miguel Ángel Sánchez, presidente de la fundación Triángulo, convocante de la concentración.

«La diversidad familiar es muy amplia y la Iglesia católica no puede ser ajena. Yo misma estoy casada con una mujer desde hace 12 años», explicó Mili Hernández, líder histórica de la Federación Estatal de Lesbianas y Gais, en medio de la protesta, donde abundaron los globos de colores, gritos de «estoy a favor de todas las familias» y «dos mamás, dos papás, educan por igual» y pancartas en las que se leíaClericalismo agresivo, noyEstado laico.

Las familias homoparentales formadas por Julia y Pilar y Pedro y Juan acudieron a la protesta, autorizada y que se desarrolló sin incidentes, con sus hijos adoptados.«La legislación española lo permite pero, sobre todo en Madrid, todo son trabas»,denunció Julia. Matrimonios como los suyos hay oficialmente 23.000 en España, a los que habría que añadir varios miles de parejas que, según Sánchez, no han dado el paso de oficializar su unión.«La Iglesia se está volcando estos días en parar los avances sociales, como lo hizo para impedir que se legalizaran los preservativos, el divorcio, el aborto y los matrimonios homosexuales», denuncian los convocantes.

Investigación policial

«Benedicto XVI ha venido a nuestra casa a decirnos que quiere que los ciudadanos españoles pierdan sus derechos»,clamó Antonio Moraleda, de la Confederación de Gais y Lesbianas de Madrid, convocante de la marcha laica que el miércoles acabó con varios detenidos y heridos. El Gobierno investigará si en ella y en la concentración de repulsa del jueves hubo «excesos policiales».Los sindicatos de la policía SUP y UFP también pidieron que se investigue y la Policía ha abierto una información reservada.