La falta de control causa un aluvión de abusos en los créditos 'fáciles'

Cuando Carmen, una anciana de 85 añosanciana desahuciada en el barrio madrileño de Vallecas, saltó el pasado noviembre a los medios de comunicación, muchos se sorprendieron. No era un banco el que estaba detrás del desahucio, sino un prestamista. La solidaridad del Rayo resolvió esa situación, pero el paso de los meses ha demostrado que no se trataba de un caso aislado. Un aluvión de estafados están perdiendo las casas por créditos de importes ridículos a manos de modernos usureros que se aprovechan de los vacíos legales, el descontrol y la ingenuidad de los más desesperados. Una iniciativa popular ha recogido ya 140.000 firmas en change.org para atajar esta lacra.

"Cuando al principio de la crisis los bancos empezaron a dejar de dar crédito tomaron el relevo una miríada de chiringuitos financieros que practican todo tipo de abusos", relata Fernando Herrero, el portavoz de Adicae, una asociación de consumidores especializada en el sector financiero y de servicios, que ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre lo que ellos llaman «minipréstamos y préstamos rápidos», la gran mayoría anunciados profusamente en televisión e internet. ¿Su conclusión? "El 99% son, por lo pronto, usura. Luego podríamos hablar de publicidad engañosa, de información insuficiente o llegar al capítulo de las estafas", señala Herrero. El TAE puede llegar a alcanzar el 4.000% en los créditos más pequeños. Dicho de otro modo, si a usted le prestan 100 euros, al cabo de un mes tiene que devolver 138. "Si eso se lo hace un amigo, usted le llama ladrón, ¿no?. Pues eso", apunta el portavoz.

Luego vienen los intereses de demora, las comisiones o los productos asociados, como el seguro de impago, que ha dado pie a diversos tipos de timos. Los abusos más pequeños ni siquiera suelen llegar a los tribunales porque el importe no compensa el gasto en abogado y procurador.

LA CASA EN JUEGO

Lo que si está llegando a los tribunales cada vez más son los casos en los que está en juego la casa del deudor. Varios prestamistas está acusados de estafa en juzgados de instrucción de toda España sin que hasta ahora la gran mayoría de los perjudicados hayan obtenido una respuesta satisfactoria. Los afectados se han agrupado en asociaciones como Stop Estafadores o la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defiende también a un grupo de 30 perjudicados en la Zona Franca de Barcelona. Se han dado ya dos suicidos entres los afectados y varias intentonas frustradas.

En el punto de mira de gran número de afectados está la red del considerado el mayor usurero de España, Antonio Arroyo Arroyo, un exinterventor del Banco de España que a través de empresas interpuestas o testaferros ha logrado hacerse con más de 500 viviendas. Detenido tres veces, nunca ha pasado de la categoría de presunto a la de culpable.

Carlón Galán, abogado de Stop Estafadores, define así su modus operandi: "Con una madeja de mentiras y promesas incumplidas consiguen que la víctima firme ante notario una hipoteca con un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo, que cuando expira acaba en la subasta de la casa a un precio irrisorio". Así logran su único objetivo: hacerse con la casa del infortunado.

¿Cuál es el truco para que el mundo del crédito fácil se haya convertido en una auténtica jungla? Así como en los desahucios hipotecarios los bancos se han visto frenados por una sentencia europea y por la movilización social, los prestamistas campan a sus anchas desde que la ley del 2009 que regula el crédito no bancario quitó la competencia de supervisión al Banco de España y la adjudicó a las autoridades de consumo de las autonomíaas sin dotarlas de medios ni de especialización.

"Aquí no hablamos del comprador de un par de zapatos al que no devuelven el dinero, son familias en angustiosa necesidad económica que ponen juego su propia casa en operaciones inconcebibles que nadie controla", explica Galán. Su organización, Stop Estafadores, es la que ha puesto en marcha la recogida de firmas

"No hay inspecciones de oficio, la mayoría de registros autonómicos donde deben inscribirse estas empresas no se han creado y si llega a imponerse alguna multa, esta es ridícula frente al volumen de negocio que generan", remacha Herrero.