Europa critica el uso de bolas de goma por las policías en España

El Consejo de Europa, la institución con sede en Estrasburgo que agrupa a las democracias europeas, censuró ayer el grado de «violencia» empleada por los distintos cuerpos policiales que operan en España en la represión de las protestas sociales  contra la política de austeridad y recortes, la persecución judicial injustificada de los manifestantes y la «impunidad» de los policías que maltratan a los ciudadanos.

El informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, también critica «la reducción de los presupuestos de protección social, salud y educación que han conducido a un desarrollo inquietante de la pobreza de las familias en España», con un aumento de la malnutrición y de la desigualdad social que tendrá «consecuencias devastadoras a largo plazo» para el conjunto del país.

El informe, fruto de una visita de inspección a España entre el 3 y el 7 de junio pasado, recoge la preocupación por el comportamiento de los cuerpos policiales y critica en especial el uso de pelotas de goma contra los manifestantes.

PELOTAS DE GOMA PELIGROSAS / En Catalunya, 11 personas han sufrido heridas graves  -varias de ellas mutilación ocular- en los últimos seis años por bolas de goma disparadas por los Mossos. Esta munición «plantea un claro peligro, como quedó demostrado en la muerte de una persona alcanzada en abril del 2012 en Bilbao» por la Ertzaintza, destaca el informe. El comisario señaló que el uso de las pelotas de goma debería estar «cuidadosamente controlado» y «estrictamente regulado por ley», como establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

«Los malos tratos infligidos por los representantes de las fuerzas del orden y la impunidad de los culpables constituyen un problema muy grave y persistente de derechos humanos por el que España ya ha sido condenada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», agregó.

El informe critica en especial el uso desproporcionado de la fuerza policial durante las manifestaciones contra la política de austeridad en Barcelona y Madrid, el desalojo de los acampados del 15-M, la represión de las manifestaciones frente a los parlamentos catalán y español, la negativa de la autoridad a identificar a los policías culpables y la persecución judicial y las multas impuestas a los manifestantes.

«Estas prácticas son contrarias a la obligación que incumbe a España de respetar la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica», incluso «en las manifestaciones espontáneas» y en los escraches, señaló Muiznieks, quien instó al Gobierno de Mariano Rajoy a «abandonar su práctica persistente de indultar» a los policías condenados por malos tratos y tortura.