La desidia de las administraciones da alas a los usureros

Si la legislación actual es insuficiente para atajar los abusos de los prestamistas sin escrúpulos prestamistas sin escrúpulos, su aplicación es aún más deficiente. Desde que en el año 2011 se creó el registro oficial de las empresas no financieras que ofrecen créditos hipotecarios, los que ponen en riesgo la vivienda del deudor, el Gobierno incumple su obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso telemático que les permita comprobar el grado de fiabilidad del prestamista. La Generalitat, por su parte, ha renunciado a crear su propio registro autonómico al que le instaba la ley desde el 2009 y solo lleva a cabo inspecciones de oficio a las empresas que conceden créditos de poca cuantía.

«El registro estatal (será) accesible a través de la página web del Instituto Nacional de Consumo». Así lo establecía el 28 de enero del 2011 el decreto de creación de este organismo en el punto 2 del artículo 3. Más de cuatro años después no hay ni rastro del registro en la página de Sanidad, el ministerio del que dependen los asuntos de consumo. Después de explorar la web se llega a un callejón sin salida donde se encuentra un enlace, precisamente, al decreto que se está incumpliendo.

EN PROCESO DE DESARROLLO

Consultada al respecto, la Agencia Española de Consumo (Aecosan), heredera del instituto, respondió lo siguiente: «El acceso por medios electrónicos se está desarrollando. Una vez esté habilitado, los datos del mismo estarán a disposición». No fue posible hablar con ningún responsable ni sobre esta cuestión concreta, ni de las denuncias de los abusos cometidos por prestamistas. El Gobierno que se vanagloria de haber aprobado la primera ley de transparencia no da ninguna explicación del porqué del enorme retraso en facilitar un acceso clave para que no se caiga en manos de los modernos usureros.

En el registro deben figurar no solo los datos básicos de la empresa, sino que se deben inscribir las anomalías detectadas, así como «los folletos, tarifas y precios repercutibles».

En estas circunstancias de opacidad, no es posible conocer si el registro cumple con su función de «comprobar la legalidad y dar cuenta de cualquier anomalía» en las empresas inscritas. Los expertos lo dudan. Hay registrados 600 prestamistas y el inscrito con el número 1 es Antonio Arroyo Arroyo, incurso en varias causas judiciales por estafa y detenido en tres ocasiones.

El de las comunidades es otro capítulo de incumplimientos. Solo Murcia ha creado el registro autonómico previsto en la ley del 2009. Un portavoz de la Conselleria d'Economia reconoció ignorar por qué Catalunya no ha ejercido una competencia que la ley le otorga y se conforma con el estatal cuando la reclamación de transferencias es una constante en el Ejecutivo catalán.

LAS INSPECCIONES

La capacidad de inspeccionar, atender y sancionar es también de las autonomías. ¿Y cómo la ejercen ? Apenas lo hacen, con alguna que otra honrosa excepción. La Generalitat es de las pocas administraciones que lleva a cabo campañas de inspección, pero solo con las empresas que ofrecen microcréditos, las de dinero rápido, no las que incluyen la hipoteca de la vivienda. Se escapan por el agujero negro del descontrol presuntos estafadores como los de la red de Arroyo. Prestamistas sin escrúpulos que intentan quedarse con las casas de los hipotecados por cantidades irrisorias, como les está ocurriendo a Juan Puche o Monchi Navarrete, cuyo marido se suicidó porque no pudo soportarlo más y cuyas dramáticas historias se contaban en la edición del pasado domingo.

En los microcréditos las cantidadades estafadas son relativamente pequeñas, pero se convierten en una tragedia para las personas que acuden ahí porque ya están desesperadas. El número de abusos que cometen estas empresas es incontable. En las última campaña de inspecciones llevada cabo por la Agència Catalana de Consum se han detectado irregularidades en 14 de las 20 investigadas, nada menos que el 70%. A las 14 se les abrió expediente sancionador que meses después ha concluido en tres casos con multas de escaso importe, 8.000 euros en total. Tampoco se les ha impuesto la pena de publicidad, lo que impide dar a conocer sus nombres. El expediente de las 11 restantes aún no ha concluido.

«Hemos encontrado de todo, desde cláusulas abusivas y usurarias a ofertas engañosas, que no muestran los intereses ni el TAE como deben hacerlo», señala Conesa, que sostiene que en los casos más graves las sanciones pueden alcanzar incluso los 100.000 euros». Y en los casos que se detecta usura, el expediente se remite a los Mossos d'Esquadra.

Al margen de esta inspección, Conesa reconoce que no les ha llegado ni una sola denuncia de los consumidores, un hecho que atribuye a lo bajos que son los importes defraudados, pero que también revela que no se informa lo suficiente a las víctimas de cómo pueden denunciar.

RECOGIDA DE FIRMAS

La portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, cree que hay una legislación muy dispersa que se aplica mal. Su grupo presentará próximamente una propuesta contra la usura en el Parlamento. Una iniciativa que se sumará a la recogida de firmas lanzada por la asociación Stop Estafadores en la plataforma Change.org para pedir que se legisle «para impedir la usura y que miles de familias sean estafadas cada año».