NORMA CONTRA LA SEGREGACIÓN SEXUAL

El Consell de Garanties apoya la ley catalana contra la homofobia

Manifestación reivindicativa del orgullo gay celebrada en junio en Barcelona.

Manifestación reivindicativa del orgullo gay celebrada en junio en Barcelona.

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

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En caso de prosperar, la ley catalana contra la homofobia contará con un régimen punitivo. Así lo ha avalado el Consell de Garanties Estatutàries, que acaba de dictaminar que la propuesta de incluir un marco sancionador entre los contenidos de la norma no son contrarios a los preceptos constitucionales. En su resolución, el órgano rebate los argumentos del PP en el recurso que presentó para evitar que la norma incluyera dicho régimen disciplinario. No obstante, juzga «conveniente» que quede meridianamente claro el ámbito competencial de la Generalitat y de los entes locales

El otro gran aspecto esgrimido por la formación popular fue el criterio a su entender contrario a la Carta Magna por lo que se refiere a la carga inversa de la prueba, o sea, que el acusado de presentar una actitud homófoba deba desbaratar la inculpación. Para el PP se trata de un extremo que atenta contra el principio fundamental de presunción de inocencia y de un exceso de discriminación positiva. El Consell de Garanties no comparte el criterio y sostiene que es un recurso empleado habitualmente en numerosos ordenamientos jurídicos del ámbito internacional occidental cuando legislan en relación con situaciones discriminatorias.

Ese mismo criterio es el que esgrime Eugeni Rodríguez, presidente del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC).  «La actitud del PP es infame porque antepone que no se condene a un presunto homófobo a los derechos de la persona agredida», subraya. Y recuerda que según las cifras oficiales, el número de denuncias falsas por violencia machista «fue del 0,01%» en el 2011. «La gente no se inventa que ha sufrido un aagresión», añade.

DISCREPANCIAS / Pese al revés del dictamen, el PPC sostuvo que el Consell de Garanties Estatutàries le daba «la razón»,al confirmar la «desprotección» jurídica que ocasiona que un mismo hecho deba someterse al derecho administrativo y al penal, según el portavoz adjunto popular en el Parlament, Santi Rodríguez. En consonancia, el PPC reclamó al resto de partidos que hagan esa misma lectura y apoyen sus enmiendas contra la instauración de un régimen sancionador.

Llamamientos que no alarman al colectivo gay, según Rodríguez, quien se muestra «convencido» de que la norma se aprobará el 2 de octubre, según el «compromiso de la Mesa del Parlament». No teme las «evidentes» discrepancias internas entre CDC -«apoya la ley»- y UDC -«no lo hace»- y es «totalmente optimista» con que el Parlament avale el proyecto de ley.