Condenados a 16 años dos jefes de una fábrica que usaba amianto

Costaba ayer escuchar la interminable lista de las casi 3.000 personas cuya enfermedad o muerte provocó la condena de dos exdirectivos de la sucursal italiana de la empresa Eternit, en el marco del proceso más relevante jamás celebrado contra fabricantes de fibrocemento, un material cancerígeno debido a que lleva amianto, generalmente usado en la construcción. Uno a uno, el fiscal turinés Giuseppe Casalbore leyó los nombres y apellidos de los damnificados tras dictar 16 años de prisión para ambos acusados, el barón belga Jean-Louis Marie Ghislain De Cartier, exadministrador de Eternit en Italia, y el magnate suizo Stepan Schidheiny, expropietario de la firma.

Casalbore explicó que son culpables de «desastre ambiental doloso» y de no haber cumplido con los requisitos de seguridad laboral. Por ello, estableció un resarcimiento de 30.000 euros para cada una de las 2.200 víctimas fallecidas y de 35.000 para los enfermos, así como miles de millones para las organizaciones y sindicatos que apoyaron la demanda. La indemnización total ascenderá a unos 56.000 millones de euros.

El juicio, que empezó en el 2009, podría abrir la puerta a procesos similares en otros países. En total, 2.000 toneladas de amianto se producen cada año en países como Canadá, Brasil, China, Tailandia, Egipto y Rusia, y la OMS estima que hasta el 2030 morirán 500.000 europeos por cánceres causados por el amianto.

DIFÍCIL EN ESPAÑA / En España las víctimas hasta ese año rondarán las 50.000, pero no se ha presentado ninguna demanda por la vía penal contra Uralita, principal explotadora del mineral, informa Antonio M. Yagüe. La compañía alega que siempre cumplió la legislación vigente y recurre las sentencias que fijan indemnizaciones, como la de casi cuatro millones de euros dictada en el 2010 a favor de 47 ciudadanos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet. «Con la sentencia italiana se vuelve a poner sobre el tapete el problema. Pero debería crearse un tribunal internacional penal, porque crear jurisprudencia en España será difícil», comentó Leontí Trabalón, presidente de la asociación de afectados.