El boicot a las pruebas previstas en la reforma de Wert se expande

Asociaciones de padres de alumnos, organizaciones de estudiantes, movimientos de renovación pedagógica y sindicatos de profesores, las entidades que integran el Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), van a poner en marcha en los próximos días una campaña de boicot a las pruebas diagnósticas de tercero de primaria, los primeros exámenes de evaluación que prevé la polémica ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE) y que en Catalunya deberían de empezar a realizarse, según las instrucciones dadas por la Conselleria d'Ensenyament, entre el próximo lunes y el 15 de mayo.

El MUCE, que de este modo se une al llamamiento hecho hace unos días por la Xarxa d'Escoles Insubmises y la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), animará a las familias de estudiantes de tercero de primaria a que sus hijos no participen en el test, bien no asistiendo a clase el día en que se haga la prueba, bien pidiendo que la escuela no incorpore el resultado en el expediente académico del alumno.

«Mucho nos tememos que, en lugar de ser una prueba para corregir defectos, estos exámenes solo sirvan para penalizar, aún más, a los colegios más desfavorecidos», alertó ayer Àlex Castillo, presidente de la Fapac, que está pendiente de decidir, a lo largo de esta semana, en qué acciones se concreta esta resistencia a la ley del ministro José Ignacio Wert. «Lo que debería ser, según el ministerio, una herramienta para la mejora, ya que en teoría sirve para detectar problemas de aprendizaje en los alumnos, acabará siendo una información inútil, si antes no se pone fin a la desinversión que está sufriendo el sistema educativo», agregó Castillo.

ASTURIAS NO LA HACE

El presidente de la Fapac recordó que la Consejería de Educación de Asturias ya ha descartado que las escuelas de esa comunidad realicen la prueba. Esta aún no tiene carácter obligatorio, «al no estar implantada en su totalidad la LOMCE y no haber finalizado todavía el primer curso de su entrada en vigor», explicó la semana pasada la consejera asturiana Ana González, acogiéndose a lo establecido en la propia 'ley Wert'.

En cambio, para la 'consellera' de Ensenyament de la Generalitat, Irene Rigau, las cosas en Catalunya son distintas. «Aquí no estamos hablando de un examen impuesto por la LOMCE, porque las escuelas catalanas realizan, ya desde el año 2000, una prueba diagnóstica a mitad de primaria», explicó recientemente Rigau. «Lo que hace la ley española es coincidir con una prueba en la que Catalunya tiene ya una larga historia», argumentó la 'consellera'.

En su opinión, lo que cambia es que el test se hará en tercero de primaria y no en cuarto, como ocurría hasta ahora (eventualmente se hacía, incluso, durante el primer trimestre de quinto curso).

La Fapac y el MUCE creen que adelantar un año o un año y medio la realización de la prueba no es un asunto menor. «El hecho de hacer el examen a una edad aún más temprana deja entrever la voluntad de segregar y clasificar a los alumnos que rezuma en toda la LOMCE», sentenció Castillo. Además, añadió, «¿qué va a ocurrir con toda la información que habían aportado las pruebas diagnósticas hechas hasta ahora por la Generalitat? No servirá para nada, ya que como los alumnos este año serán más jóvenes, no habrá manera de comparar los datos con los de cursos anteriores».

HOMOGENEIZACIÓN

La Xarxa d'Escoles Insubmises, que lleva meses organizando el boicot a las pruebas de tercero de primaria, considera que este tipo de evaluaciones «neutralizan los modelos pedagógicos diferentes, al imponer una hegemonía única» de aprendizaje. Además, para superarlas, los estudiantes realizarán «un entrenamiento específico para unos tests estandarizados» , que, por otra parte, se han impuesto de forma unilateral, sin debate público.

«Las pruebas -insisten los promotores de la acción de resistencia- ni son vinculantes ni tienen efectos curriculares». «Según las consultas jurídicas que hemos realizado, si se hace correctamente, la medida no es sancionable ni para las familias ni para los alumnos. Los maestros, como trabajadores de servicios públicos, deben quedar al margen», prosigue la Xarxa.

«Somos conscientes de que el impacto del boicot podría ser reducido, entre otras razones, porque solo las familias muy sensibilizadas van a participar en él. Pero si hay un porcentaje, aunque sea pequeño, de alumnos que no hacen las pruebas, ya será muy significativo», dijo Castillo, que insistió en que la reforma educativa de Wert es una «espiral perversa que evalúa por evaluar, en vez de poner herramientas a los problemas detectados». «Es más barato hacer pruebas que, por ejemplo, reducir el número de alumnos por aula», criticó.