Iniciativas municipales
BCN deja de cobrar la plusvalía por desahucios o dación en pago
El pasado septiembre el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, dijo que el ayuntamiento dejaría de cobrar el impuesto de plusvalía en casos de desahucios o dación en pago de hipotecas, una medida que formaba parte de las ordenanzas fiscales. Pero el bloqueo por parte de la oposición de los presupuestos municipales del 2013 dejaron en el aire esta medida, por lo que el consistorio ha optado ahora por ejecutar una modificación de la normativa que permita mantener ese compromiso. Será a partir de mañana, cuando el consistorio aprobará un mecanismo de compensación a este impuesto fijado por una ley estatal cuyas liquidaciones recaudan los municipios.
Durante el anuncio de esta medida, ayer, Trias hizo un llamamiento al Gobierno para que ceda las competencias de la regulación de las plusvalías a los consistorios y no sean necesarios mecanismos extraordinarios como el adoptado por Barcelona, y recordó que la mayoría de afectados acaban atendidos por sus servicios sociales. Como ejemplo de recientes medidas tomadas por casos de desahucios nombró el más de un centenar de pisos destinados a acoger a afectados así como la apertura, ya en el 2013, de dos centros de alojamiento temporal familiar que ofrecerán 65 plazas más.
VÍA DE LA COMPENSACIÓN / La cancelación del impuesto de plusvalía para aquellos que no tengan otros bienes para hacer frente a la deuda será a partir de mañana un sencillo trámite: en un periodo de 30 días el afectado deberá acudir al Instituto Municipal de Hacienda, donde se le aplazará el pago del impuesto. Aquí acabará su intervención, porque del resto de papeleos se hará cargo el consistorio, que cancelará el impuesto por la vía de la compensación. En definitiva, no entrará ni saldrá ningún euro del ayuntamiento.
Como ejemplo de esos ingresos
-«legales, pero moralmente injustos», según definió Trias-, la ciudad cobró en el 2011 un total de 234 plusvalías por ejecuciones hipotecarias o daciones en pago, que sumaron 326.780 euros, y este año, hasta el 30 de noviembre, ya llevaba 216 casos, que se elevan a 353.756 euros. No obstante, faltaría saber cuántos afectados no han notificado su situación para eludir un impuesto que probablemente no podrían ni asumir. Se trata de «casos de ocultación», definió la tenienta de alcalde de Economía, Sònia Recansens, quien añadió que, pese a que la normativa no tendrá carácter retroactivo, si afloran «se estudiará caso por caso».
Trias también explicó que ha enviado una carta a las entidades financieras con presencia en la ciudad pidiendo que adopten «todas las medidas posibles», como renegociar los plazos de carencia o las condiciones del pago o admitir la dación en pago para evitar desahucios.
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