Anticorrupción se opone a la concesión del indulto a Carlos Fabra

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que se opone a que el Consejo de Ministros conceda el indulto al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción Carlos Fabra, que fue condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, "viene utilizando todos los instrumentos previstos en la ley, incluyendo el recurso de amparo, con un único objetivo: retrasar 'sine die' su entrada en prisión".

Mientras se resuelve la medida de gracia solicitada por Carlos Fabra al Gobierno, la Sección Primera de la Audiencia Provincial  ha suspendido temporalmente su ingreso en prisión.

En su petición de indulto, Fabra alegó diversas razones, entre ellas su edad, tiene 68 años, la enfermedad hepática que motivó que un trasplante de hígado en el año 2010 y que en la actualidad requiere tratamiento médico, además de carecer de antecedentes penales e inexistencia de peligrosidad criminal.

En el escrito de Anticorrupción, fechado a 14 de octubre pero dado a conocer este miércoles, se asegura que ninguno de estos factores "es suficiente para aconsejar una medida tan marcadamente excepcional como el indulto" que, a juicio del ministerio público, "debe ser la última herramienta cuando no existan mecanismos para adecuar la pena impuesta a parámetros de proporcionalidad y evitar así excesos".

De lo contrario, añade el texto del informe, se estaría actuando en contra del derecho a la tutela judicial efectiva del ofendido que "en este caso somos los ciudadanos españoles, al haber resultado la Hacienda Pública perjudicada".

En relación a las 386 firmas recogidas que avalan el indulto, la fiscalía explica que en el caso de Fabra, "no existen razones de justicia y equidad que legitimen el indulto precisamente porque la reprobación del orden jurídico coincide con la desaprobación ética de la sociedad". Lo "verdaderamente llamativo", a juicio de la fiscal, "es la inmensa mayoría de ciudadanos que, a través de los medios de comunicación y redes sociales, clama para que se ejecute pronto la sentencia y se cumpla la pena".

Sobre la enfermedad hepática, se indica que, por sus comparecencias públicas, "no parece que goce de mala salud", y, además, en el sistema penitenciario existen mecanismos para evitar los riesgos expuestos por el condenado. Además la Fiscalía resalta que, pese a su voluntad de pagar los 1,4 millones a los que ha sido condenado también, "no ha hecho efectivo pago alguno, y aunque lo hiciera "podría generar sensación de impunidad al dar a entender a la opinión pública que basta el pago de una cantidad dineraria para verse exonerado del cumplimiento de la pena".