Los juristas están divididos sobre si es posible o no regular la eutanasia

Artículo 15 de la Constitución: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». Artículo 20 del Estatut: «Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte». Tomando como base uno y otro artículo, los juristas partidarios de regular la eutanasia, por un lado, y los que no lo ven posible, por otro, aseguran que el marco legal actual les da la razón. Es decir: los actores del poder judicial reproducen una división de opiniones paralela a la que social y políticamente genera este debate, reabierto por el relato de Nuria a EL PERIÓDICO sobre cómo ella y su hermana ayudaron a su padre, Jordi, a practicar un suicidio asistido en Suiza, donde es legal.

En un solo punto existe coincidencia entre expertos en leyes: Nuria y su hermana no pueden ser procesadas en España porque solamente son perseguibles ciertos delitos cometidos en el extranjero. Y el del auxilio al suicidio no está entre ellos. En cambio, si Jordi hubiera ingerido el líquido letal junto a sus hijas en Barcelona, según el Código Penal ambas se podrían haber enfrentado a penas de hasta cinco años de cárcel por «cooperar con actos necesarios al suicidio de una persona». La pena puede ascender hasta los 10 años si esa cooperación consiste en «ejecutar» la muerte de la víctima.

ESTADO «PATERNALISTA» / La posibilidad y utilidad de despenalizar esta práctica es lo que divide a los juristas. El portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, cree que la única razón para no regularla es «una visión paternalista del Estado» sobre la vida de sus ciudadanos, a causa de «una dificultad para aceptar la disponibilidad de los ciudadanos sobre su propia vida». «No entendemos de otra manera -añade Ramírez -que se penalice el auxilio al suicidio a alguien que lo pide y que sufre una enfermedad mortal». La legalización, agrega, impediría arbitrariedades.

Este último argumento, aunque en sentido contrario, esgrimen los juristas que se oponen a la legalización. Estos plantean además una duda: qué sucede cuando los enfermos terminales no pueden expresar ya su opinión sobre la eutanasia. En este caso, la abogada Olga Tubau, favorable a despenalizar la eutanasia, cree que la salida pasa por «fomentar previamente el testamento vital», para que todos los ciudadanos hayan expresado por escrito si quieren ser mantenidos con vida en determinadas condiciones.

PASOS INTERMEDIOS / Sin embargo, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el magistrado Pablo Llarena, opina que el testamento vital o cualquier consentimiento libre e informado del paciente «es siempre susceptible de revocación». Llarena se pregunta si quien años atrás ha suscrito un testamento vital, en el momento de tomar la decisión sigue pensando igual. Más tajante es el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero: «La Constitución no deja margen para regular la ayuda al suicidio».

Sexmero cree que el único margen es el que quiere regular el Gobierno: «Terrenos intermedios para evitar el sufrimiento de enfermos terminales, pero siempre bajo criterio médico».