Más calidad y menos estructuras

A mi generación, en la Universitat Autònoma (UAB) nos llamaban «los Ho Chi Minh». No era de extrañar, la facultad tenía menos de una década y la guerra de Vietnam seguía librándose. Fundada en el mismísimo 1968, bajo los adoquines de nuestra universidad, estaba la playa. Pero estaba llena de barro, como la selva vietnamita.

Desde entonces, la universidad catalana no ha dejado de crecer. De una sola institución, la Universitat de Barcelona (UB), hemos llegado a 12, de las cuales tres son privadas. Catalunya es la segunda comunidad con más universidades y titulaciones de grado (algunas con poquísimos alumnos). La UB ofrece más másteres que ninguna otra en España. También es una de las que arrastran más déficit. Según el estudio de la Sindicatura de Comptes, el déficit de las universidades catalanas llegó a 175 millones en el 2007. Podríamos seguir así, buscando récords y dando cifras, pero seguramente solo llegaríamos a un nuevo plan de financiación que, como ya ha pasado otras veces, volvería a fracasar. Si no se aplica una reforma que modifique las estructuras, las cifras no nos llevarán a ninguna parte y tampoco aumentarán la calidad de la educación o de la investigación. Y ese es el objetivo. Que nuestros hijos se formen en las mejores universidades sin necesidad de acabar en el extranjero o tener que mudarse a Santander, porque les faltan unas décimas, para estudiar medicina. Pero tampoco podemos exigir, por razones políticas, un claustro en cada esquina del territorio. ¿Realmente necesitábamos 12 universidades repitiendo titulaciones? Hubiera sido más adecuado diseñar antes un buen mapa universitario, asegurando la financiación adecuada.

Los padres y los estudiantes -la sociedad que paga con sus impuestos y las empresas que necesitan profesionales- también se han de implicar. Hemos de saber que el gasto por alumno de la universidad pública se eleva a 8.311 euros, cuando la tarifa media de la matrícula es de 1.300 euros. ¿No sería mejor aumentar las becas (que solo llegan al 9% de los estudiantes), subvencionando a quienes lo necesiten? En cualquier caso, la reforma ha de empezar por la propia estructura. Es imposible buscar la eficiencia en claustros de 300 personas o en consejos de gobierno con 60 representantes, donde solo 15 son designados por el rector. Menos aconsejable aún es pretender que la solución esté en un consejo social donde nueve de sus representantes viven de empleos externos y van una vez al mes al campus. Hay que reformar siguiendo las directrices del plan de Bolonia, por más que algunos se empeñen, incluso okupando despachos, en defender estructuras más propias del Studium Salmantino, inaugurado por Alfonso IX en 1218.

La reforma será imposible sin la participación activa de la academia, sobre todo de los rectores. La universidad no necesita más consejos, comisiones, organismos consultores y cargos superpuestos que complican la gestión y engordan el gasto público. Hay que diseñar, sin miedo y con consenso, un nuevo modelo: una estructura ágil y menos endogámica. Y asignarle la financiación adecuada.