El delito de sedición puede costar penas de hasta 15 años de prisión

el pulso que los controladores echaron ayer al Gobierno encontró una respuesta de un inusual calibre. El Ejecutivo sometió a los rebeldes al régimen militar y les amenazó con acusarles de un delito de sedición, condenado con penas de hasta 15 años de cárcel.

A media tarde, el ministro de Fomento, José Blanco, advirtió a los controladores que iba a «activar» todas las medidas a su alcance si no se reincorporaban inmediatamente a sus puestos. Entre ellas, y la citó expresamente, el real decreto aprobado por la mañana por el Consejo de Ministros, que entró en vigor a las 21.30 y que habilitó al presidente del Gobierno para someter la navegación aérea al control militar. El Rey firmó el decreto en Argentina.

Una vez dada la instrucción por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, las autoridades militares pudieron dar a los controladores la orden, de obligado cumplimiento, de reincorporarse a su trabajo. Los que se negaran, difundieron fuentes del Ejecutivo, podrían incurrir en un delito de sedición.

Este delito lo cometen quienes «se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes» o el «legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos» a las autoridades. Las penas son de cuatro a ocho años para quienes se sumen al delito; de ocho a 10 años para quienes los inducen, sostienen o dirigen; y de 10 a 15 para los que hacen esto último desde un puesto de autoridad.

OTRO DELITO / Fue la mayor amenaza, pero no la única. El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, recordó a los controladores que su actitud les podía acarrear un despido justificado y una acusación por otro delito, el de abandono de destino. Las autoridades o funcionarios públicos que promuevan, dirijan u organicen el «abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público» son castigados con una pena de multa de ocho a doce meses -la cuantía diaria la determina el juez- y la suspensión de empleo o cargo público por entre seis meses a dos años. A los que solo se suman a este abandono, les corresponde multa de entre ocho y 12 meses.

INVESTIGACIÓN / Las amenazas del Gobierno encontraron el respaldo del Ministerio Público. La Fiscalía de Madrid abrió diligencias de investigación penal por un posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición. El fiscal pidió a la Policía y a AENA que informe de aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo.

En el discurso del Gobierno no hubo ni un atisbo de comprensión o gesto conciliador. Blanco calificó la situación de «extremadamEente grave» y exigió a los rebeldes el cese de su «comportamiento intolerable» y su «reincorporación inmediata» a sus puestos. El ministro argumentó que la reforma de la navegación aérea tiene como objetivo acabar con los «privilegios» de los controladores.