REACCIONES A LA INICIATIVA
Las entidades dudan de que el plan incremente los retornos
Colectivos de inmigrantes, expertos y asociaciones de defensa de los derechos laborales de los extranjeros ven bien la decisión del Gobierno de facilitar que el inmigrante que vuelva a su país no pierda la antigüedad adquirida en su proceso de regularización en España. Pero añaden a su opinión altas dosis de escepticismo: dudan de que el efecto de la medida sea un retorno masivo y quieren conocer la letra pequeña del reglamento de extranjería que va a incluir esta y otras medidas.
El mantenimiento de la antigüedad legal del inmigrante, planteado por algunas de estas asociaciones desde hace meses, puede servir, según Javier Bonomi, de la federación de entidades latinas Fedelatina, para que «mucha gente que está esperando obtener la nacionalidad, por ejemplo, pierda el miedo y la angustia» a la hora de decidir regresar a su país. Bonomi, sin embargo, reclama que las condiciones para que este ciudadano vuelva de nuevo a España en el futuro no se endurezcan. El representante de Fedelatina conoce casos de inmigrantes que pese a vivir en una situación de precariedad aquí mantienen su proyecto migratorio para evitar perder los permisos de residencia, que cuesta años obtener y renovar.
SIN GRANDES EFECTOS / Ghassan Saliba, responsable de inmigración de Comisiones Obreras, aprueba la decisión del Gobierno, pero pide que si estos inmigrantes deciden en el futuro volver a España tengan cierta preferencia respecto al resto en cuanto a las condiciones de contratación en origen. Saliba recuerda que esta vía de entrada está casi cerrada debido a la crisis económica y el paro.
En todo caso, el representante sindical está convencido de que la decisión gubernamental «no va a tener el efecto de regresos masivos» a los países de origen de los extranjeros. «Los responsables políticos tienen que asumir que la inmigración viene, se queda, busca trabajo y reagrupa a la familia. La mayoría no vuelve», añade Saliba como reflexión.
Antonio Segura, vocal del área de inmigración del Col·legi d'Advocats de Barcelona, cree que la decisión es en principio positiva, pero opina que el problema de origen es que la legislación sobre inmigración «sufre cambios constantes y obedece a una visión exclusivamente laboral del inmigrante y no como alguien que viene para quedarse». A partir de su experiencia profesional, Segura cree que la clave para suavizar la difícil situación de los inmigrantes consiste en flexibilizar los procesos de renovación de papeles.
El abogado social de la fundación Ficat, Albert Parés, coincide en la necesidad de facilitar la obtención de documentos y se pregunta si los inmigrantes que decidan volver a su país «realmente podrán tener las herramientas legales para regresar» en el futuro a España.
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