Resolución judicial
Sergi Sol

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Periodista

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La coacción a una mujer que ejerce el derecho legal a abortar

Acudir frente a una clínica para intimidar la ejecución de un hecho legal en unas circunstancias que siempre son traumáticas para la interesada implica, sin lugar a dudas, multiplicar el dolor y el trauma de esa mujer

El TC avala castigar con prisión las coacciones a las puertas de clínicas abortivas

Clínicas abortivas denuncian que nueva ley no ha frenado el acoso a mujeres

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Las ponderadas palabras de un monje, un buen amigo por otra parte, sobre esta espinosa cuestión me regalaron un reconfortante confort espiritual. Más allá de su opinión personal sobre el aborto sentenció, alto y claro: "Jesús jamás hubiera aprobado que se coaccionara o amedrentara a una mujer en un momento tan delicado’". Alto y claro, así me lo contó sin ningún atisbo de duda. Bravo por él, pensé.

Siempre ha habido sectores que, amparándose en el derecho a la vida, han considerado el aborto pecaminoso, de acuerdo con la posición de la Iglesia que siempre ha rechazado de plano el aborto. Hoy, la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española, pese a tener peso, es relativa, pero para nada ejerce el papel que tuvo hasta fechas no tan lejanas, como la ha tenido también en países tan católicos como Polonia, Italia o Irlanda. Incluso el actual Papa Francisco, pese a ser considerado un Papa liberal o izquierdista, no ha dudado en tildar el aborto de literalmente, homicidio. O se ha despachado contra este con una enorme dureza. ‘Es como contratar a un sicario’, dijo en 2018 y ratificó que sin duda era ‘un pecado’.

En la mayoría de sociedades modernas se ha decidido que en las cuestiones terrenales mandan los ciudadanos, no el representante de Dios en la Tierra. Pero es que, además, no estamos hablando del aborto si no de coaccionar a una mujer justo antes de abortar, que no es lo mismo.

No conozco caso alguno de mujer que haya abortado y que esa experiencia no haya resultado más o menos traumática. No sólo para ella. También para su pareja, si es el caso. Porque, aunque evidentemente quien padece el aborto es la mujer –ella y solo ella-, no cabe duda de que hay sentimientos profundos compartidos. Sufrimos también por aquellos seres que amamos, igual que nos alegramos por sus logros o felicidad.

El aborto estaba prohibido en España. Absolutamente. Pero eso no quiere decir que no se llevaran a cabo abortos. En el extranjero, en clínicas privadas o, a menudo, en condiciones insalubres. La legalización del aborto no fue una cuestión pacífica. E incluso entre los partidarios de la legalización había discrepancia. No solo en los supuestos acotados. También incluso en el mismo derecho a abortar. Siempre hubo discrepancias de tipo ético, a nivel particular, en personas que militaban en formaciones políticas que defendían un amplio derecho al aborto. También al revés. Personas imbricadas en posiciones conservadoras que defendían el derecho de la mujer a abortar, por lo menos en algunos supuestos más que razonables.

Si una mujer abortaba, el viejo Código Penal español preveía penas de hasta ocho años de cárcel para ella. Y de más de veinte para quien la asistiera en esa interrupción del embarazo. El punto de inflexión, aunque efímero, fue un decreto de Josep Tarradellas (siendo jefe de Gobierno de la Generalitat), el 25 de diciembre de 1936, despenalizando el aborto si este se realizaba durante las 12 primeras semanas.

Con el franquismo se volvió a su prohibición. Total. Y no fue hasta 1985 cuando se reguló de verdad la despenalización del aborto en España, también ceñido a las 12 primeras semanas. La Constitución llevaba ya más de seis años de vigencia pero como en esta no hay alusión directa alguna al aborto fue una ley la que desarrolló este, como un derecho tasado y limitado.

Viene a cuento porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado finalmente sobre un recurso contra la penalización de las concentraciones antiabortistas en las cercanías –a veces, era ante la misma puerta- de clínicas que practicaban el aborto en el momento que una mujer acudía a ese centro para, legalmente, interrumpir el embarazo. No ha sido una sentencia unánime, cuenta con dos votos disidentes.

Una discusión doctrinal sin duda apasionante. Pero que no debería hacernos olvidar el hecho en sí mismo. Acudir frente a una clínica o centro terapéutico especializado para intimidar, coaccionar o reprochar la ejecución de un hecho absolutamente legal en unas circunstancias que siempre son traumáticas para la interesada implica, sin lugar a dudas, multiplicar el dolor y el trauma de esa mujer. Y ese hecho es ya absolutamente inadmisible. He tenido ocasión de ver alguna de estas concentraciones promovidas por asociaciones ‘Provida’ y me ha resultado un espectáculo triste, doloroso, hiriente y profundamente injusto. Y eso, precisamente eso, es lo que no debería permitirse. Es una coacción cruel, por mucho crucifijo o rosario que se agite, a la libertad de una mujer que se acoge a un supuesto legal que le confiere un derecho que es el que debería protegerse, por encima de cualquier otra consideración.