UN TESORO SUMERGIDO EN PELIGRO

La guerra del coral rojo

Lloveras, uno de los coraleros que acumulan más denuncias, el pasado miércoles en Roses.

Lloveras, uno de los coraleros que acumulan más denuncias, el pasado miércoles en Roses.

LLUÏSA F. GONZÀLEZ
ROSES

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La extracción del preciado coral rojo para utilizarlo en joyería es una actividad que se remonta a miles de años atrás en la Costa Brava. Pero esta especie nunca ha estado tan amenazada y ha sido a la vez tan deseada como ahora. Los agentes rurales y la Guardia Civil mantienen un pulso con los furtivos que, aseguran, están arrasando las colonias de este organismo, cuya recuperación, según los expertos, es extremadamente lenta.

Para conseguir que un tronco de coral rojo tenga un centímetro de diámetro, la medida mínima para que sea atractivo comercialmente, se necesitan 60 años. Los investigadores del Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM) aseguran que hay zonas del Montgrí (Baix Empordà) donde las poblaciones de coral se han extinguido. Mientras que coraleros (actualmente hay 10 con licencia en Catalunya) y clubes de submarinismo piden a la Generalitat mano dura para acabar con los furtivos, los científicos aconsejan prohibir totalmente la pesca de esta especie.

Joaquim Garrabou, un investigador del ICM experto en coral rojo, advierte de que la situación del organismo«está muy mal» y de que el número de colonias es«ridículo», porque se ha pasado«de tener árboles centenarios a tener árboles de decenas de años». Este científico señala que si la protección en las reservas marinas no es efectiva no sirve de nada, ya que los furtivos siguen actuando en esas zonas.«Están viviendo de un recurso que es de todos, solo tienen que bajar y ganan mucho dinero». El precio del kilo de coral rojo oscila entre 300 y 1.000 euros, según su calidad. Después hay unos circuitos de compradores que los venden en países como Japón, Italia, Suiza y México.

Los agentes rurales cada vez dedican más esfuerzos a acabar con la pesca ilegal; sin embargo, no son suficientes para sacar de la circulación a los coraleros piratas.«No es fácil pillarlos»,reconoce el jefe de los agentes rurales en Girona, Ignasi Dalmases.«Suelen actuar de noche y no podemos mantener la vigilancia las 24 horas del día», admite. Los escuálidos números cantan: cuatro detenidos este año y tres en el 2009, con 13 kilos de coral extraído en la zona de la Foradada.

Pero los que se dedican a la extracción furtiva son muchos más.«Hay cuatro o cinco reincidentes y hace 20 años que los perseguimos»,explica Dalmases, que tiene claro que están«expoliando»el fondo del mar.«No es fácil localizarlos»,corrobora Guillermo Montanero, jefe del servicio marítimo de la Guardia Civil de Girona,«porque van en barcos de recreo y, cuando ven llegar a una patrulla, arrojan el material al mar».

Además, si los sorprenden pescando sin licencia, solo se enfrentan a una sanción administrativa que, con las ganancias que logran, sale a cuenta pagar. En cambio, si los detienen en zonas protegidas incurren en un delito penal. Pero para ello hay que conseguir pruebas. Los centros de buceo también piden mano dura a la Generalitat para acabar con el furtivismo porque, además del daño que causan al patrimonio natural,«provocan una pérdida del interés turístico de la zona»,explica Genís Dalmau, portavoz de los submarinistas.

Quejas por las licencias

Josep Maria Lloveras es el coralero de la Costa Brava que acumula más denuncias por pescar supuestamente en las protegidas islas Medes. Incluso está acusado de incendiar la casa de un guarda forestal. Él lo niega. Lleva 27 años en este oficio y asegura que se siente perseguido y que ha tenido que irse a trabajar a Marruecos. Dice que la Generalitat le da largas y le promete la licencia que tanto ansía, pero esta nunca llega«¿Por qué hay unos privilegiados que pueden trabajar aquí y yo no?»,pregunta.

«La Administración no quiere solucionar el problema de los furtivos», se queja Jordi Herrero, uno de los mariscadores con licencia más veteranos de Roses (Alt Empordà).«Y cuando los cogen, no hay una legislación contundente que los penalice»,concluye.