Un juzgado de Madrid admite a trámite una querella que podría avalar al gerente de Gramepark
Manuel Sierra denuncia que la Oficina Antifraude mintió para destituirlo cuando estalló el caso Pretoria
J. S. / ACN / Santa Coloma de Gramenet
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl juzgado de instrucción número 36 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra los tres administradores judiciales que nombró la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) para supervisar la gestión de Gramepark cuando estalló el caso Pretoria en Santa Coloma de Gramenet.
Quien fue gerente de la empresa municipal entre 1997 y 2010, Manuel Sierra, denunció el mes de enero que los informes que hizo Antifraude y que desencadenaron su destitución en febrero de 2010 por una presunta mala gestión estaban llenos de "mentiras", "falsedades" y acusaciones "infundadas".
Los tres administradores judiciales nombrados por la OAC -Maite Masià, Manuel Torrent y Josep Maria Sangenís- le acusaban, entre otras cosas, de subirse el sueldo unilateralmente o interceder en contrataciones y adjudicaciones de obras. También lo veían como responsable de una situación financiera y patrimonial "delicada" de la empresa.
Manuel Sierra detalla en una querella contra los tres administradores judiciales que el informe que redactó Antifraude sobre su gestión al frente de Gramepark "manipulan hechos, recogen falsedades e imputan delitos sin fundamento". En este sentido, recuerda que nunca ha sido imputado, a pesar de las acusaciones que Antifraude describió.
El ex gerente de Gramepark explica en el escrito al juez que su cargo no le permitía modificar el sueldo, aporta pruebas que demostrarían que la situación de la empresa no era tan mala como se describió y también rebate con diversa documentación los episodios de presunto tráfico de influencias que insinúa Antifraude.
Con todo, Sierra acusa a los administradores judiciales de la OAC de falso testimonio y denuncia falsa, dos delitos por los cuales el código penal contempla penas de entre seis meses y dos años de prisión. En la querella califica de "cuestionable" la profesionalidad y ética de estas personas y pone sobre la mesa sus vinculaciones políticas con PSC, ERC y CiU.
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