El TSJC delibera a estas horas si hay que incluir el español como lengua vehicular

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) empezó ayer a deliberar sobre si las escuelas catalanas deben incluir el castellano como lengua vehicular junto al catalán. Tras cuatro horas de reunión, los 24 magistrados pospusieron el debate a hoy por la mañana, cuando se prevé que decidan si la Generalitat debe cambiar el sistema o si dan por bueno el recurso presentado por el Govern en el que defendía el actual modelo de inmersión lingüística frente a la sentencia del Tribunal Supremo que reclamaba más protagonismo para el castellano. Pese al retraso en el dictamen (que se puede acordar con mayoría simple de 13 jueces), laconsellerade Ensenyament, Irene Rigau, convocó una reunión en la sede de su departamento con los partidos políticos que defienden «la legalidad y los éxitos» de la actual estructura. Fue la manera de escenificar un frente común por la inmersión lingüística.

A la llamada de laconselleraasistieron CiU, el PSC, ICV-EUiA, ERC y Solidaritat. Faltaban, por tanto, el PPC y Ciutadans, que ya se han pronunciado en numerosas ocasiones a favor de que se cumpla el fallo del Supremo. «El Govern será respetuoso con el proceso de deliberación», manifestó Rigau en una rueda de prensa posterior para no adelantar posibles reacciones del Ejecutivo ante una resolución en su contra. Sin embargo, sí que avisó de que para la Generalitat «la lengua [catalana] es el eje vertebrador del país» y por eso le da «la máxima importancia».

«EL 85% DEL PARLAMENT» / Los representantes de los grupos parlamentarios que formaron parte de la reunión fueron más allá que laconselleray destacaron que la ley de educación de Catalunya (LEC) ya avaló en el 2009 la inmersión lingüística. «El TSJC y el Supremo no tienen por objetivo cambiar las leyes del Parlament», advirtió el socialista Daniel Font, quien subrayó que el actual sistema garantiza que los estudiantes sepan expresarse en catalán y en castellano y aprovechó para resaltar que «el 85% de los grupos del Parlament» están a favor del modelo vigente.

La republicana Anna Simó también insistió en ese «gran consenso social y político» y también evitó avanzar reacciones hasta que se conozca el dictamen de los jueces, mientras que la ecosocialista Dolors Camats añadió un toque de optimismo y mostró su esperanza de que el tribunal «avale un modelo que está blindado legislativamente». Uriel Bertran, de Solidaritat , llamó a «no acatar» una resolución negativa y Neus Munté, de CiU, insistió en reclamar «tranquilidad» a la ciudadanía. Hoy tienen previsto volver a reunirse para analizar la sentencia.