El Tribunal Supremo investigará a Blanco por el 'caso Campeón'

El Tribunal Supremo se declarará en los próximos días competente para investigar al ministro de Fomento en funciones, José Blanco, a fin de averiguar si percibió comisiones de un empresario de Lugo en el llamadocaso Campeón. La sala penal nombrará un juez instructor que, antes de llamar a Blanco, tendrá que pedir el correspondiente suplicatorio al Congreso dada su condición de aforado. Este trámite se puede prolongar durante varios meses.

La fiscalía del alto tribunal presentó ayer su preceptivo informe, del que informó en una escueta nota de prensa, de tan solo dos líneas y media, por la declaración de secreto que pesa sobre esta causa. El dictamen ha sido firmado por el teniente fiscal, Juan José Martín Casallo, tras la abstención del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, por su amistad con Blanco, y contó con el visto bueno de la junta de fiscales de sala del alto tribunal.

EL INFORME/ En el informe, según las fuentes fiscales consultadas, se apoya la decisión de la jueza de Lugo Estela San José de remitir su investigación al Tribunal Supremo. La remisión coincidió con el día en que empezó la campaña de las pasadas elecciones legislativas del 20-N. «Sus argumentos son suficientes y se ajustan a la práctica habitual», apostillaron dichas fuentes.

También explicaron que la magistrada incluye en su escrito «datos muy concretos» aportados por el empresario gallego Jorge Dorribo que acreditan que este industrial sacó «dinero de sus cuentas bancarias y de sus sociedades», aunque no se ha podido acreditar el lugar adonde fueron estos fondos. Por ello, la fiscalía es partidaria de averigüar el destino de este dinero.

Dorribo ha explicado a la jueza que realizó «dos pagos» a Blanco «en efectivo» y que el primero fue por un importe de 200.000 euros entregados en billetes de 500 euros, según consta en el escrito que la jueza San José remitió al Supremo. El industrial también aseguró que entregó este dinero a Blanco «para agilizar» trámites en los ministerios de Sanidad y Economía. La magistrada también recoge en su escrito las supuestas gestiones que realizó el ministro de Fomento para la construcción de una nave en Sant Boi de Llobregat junto al aeropuerto de El Prat.

La fiscalía, según estas fuentes, no se pronuncia en su dictamen sobre la existencia o no de hechos delictivos, aunque la magistrada lucense apunta a los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Según las fuentes consultadas, el fiscal busca con su dictamen que Blanco sea investigado por un tribunal que goza de «mayor imparcialidad» que el juzgado de Lugo y que le permita ejercer su derecho de defensa, ya que Blanco no puede intervenir en Lugo porque no es ese el tribunal competente para investigarle.

LAS REACCIONES/ El ministro en funciones manifestó ayer «su plena confianza en la justicia» y expresó su deseo de que «se esclarezca la verdad cuanto antes». Por su parte, el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, aseguró que los socialistas siempre «confian en el buen trabajo de la justicia». Y el ministro de la presidencia en funciones, Ramón Jaúregui, afirmó que mantiene «su plena confianza» en Blanco. También reveló que el Gobierno sabía «más o menos» el paso que iba a dar la fiscalía.

No todo fueron buenas palabras. El diputado electo del PNV Emilio Olabarría pidió al ministro que renuncie a sus cargos públicos. Y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó que la dirección de su partido había acogido con «satisfacción» la decisión de la fiscalía -«está bien que todos los españoles sean tratados por igual ante la ley», dijo- y recordó que su partido «siempre ha pensado que el actual ministro de Fomento debería haber dimitido antes de las elecciones generales» por su implicación en este caso. «Ahora que le quedan escasos días -añadió-, ya no sé qué virtualidad tendría que lo hiciera».