El Tribunal Constitucional se inclina por no regañar al 'president'

El pleno del Tribunal Constitucional comienza esta mañana a debatir la petición realizada el pasado viernes por el Gobierno para que suspenda la consulta alternativa del 9-N. Los magistrados tienen previsto reunirse desde hoy hasta el próximo jueves. Fuentes del alto tribunal han informado de que los jueces acordarán la suspensión del proceso participativo, como le ha solicitado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero no advertirán al 'president' de la Generalitat, Artur Mas, de las consecuencias si desobedece el acuerdo del Constitucional.

El recurso del Gobierno conservador se ha añadido al orden del día de este pleno, en el que no estaba previsto tratar la cuestión catalana salvo una petición de amparo presentado por dos ciudadanos particulares contra la decisión del alto tribunal de suspender la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N. Marta y Josep Asensio Serqueda recusaron a todos los jueces para resolver esta cuestión, aunque el recurso de los hermanos tiene pocas posibilidades de prosperar.

PROVIDENCIA

La vicepresidenta del TC, Adela Asúa, es la ponente del último recurso del Gobierno en el que pide al alto tribunal que suspenda el proceso de participación ciudadana detallado en la página web creada por la Generalitat, así como "los actos y actuaciones de preparación realizados o procedentes para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente vinculada" al 9-N. El Gobierno central invoca el artículo 161, que exige la suspensión de la norma recurrida. Los jueces del TC, como ya ocurrió con la ley de consultas y el decreto de convocatoria, no tienen margen de maniobra para eludir la petición del Ejecutivo del PP.

OTRAS CUESTIONES

Otra cosa es el resto de las peticiones. El Gobierno central pide al Constitucional que recuerde a Mas que, según el artículo 87 de la ley orgánica del alto tribunal, "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el TC resuelva". Sin embargo, las fuentes consultadas han descartado que en la providencia de admisión se incluya esta regañina al 'president'. Estas fuentes han explicado que esta petición del Gobierno debería hacerse mediante un aviso a la fiscalía para que intervenga si Mas no acata la decisión del Tribunal Constitucional, ya que describe una presunta prevaricación administrativa.

Los jueces también serán informados del escrito presentado ayer por la Generalitat contra la suspensión de la consulta y el decreto de convocatoria del 9-N. Pero aún no saben si le darán respuesta. El fallo sobre la impugnación de la consulta se producirá en los próximos meses, cuando la presión política sea menor, a pesar de que los expedientes ya están tramitados.