El TSJC celebrará el juicio por el 9-N contra Mas, Ortega y Rigau del 6 al 10 de febrero
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
El 'expresident' de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, se sentarán en el banquillo de los acusados del 6 al 10 de febrero por la presunta desobediencia al Tribunal Constitucional cometida al impulsar la consulta alternativa soberanista del 9 de noviembre del 2014. Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde se celebrará la vista. Su presidente, Jesús Barrientos, ha sido designado ponente de la sentencia.
Ahora se deberá elegir al tercer magistrado del tribunal que juzgará el caso y después decidir las pruebas que han de ser admitidas. Las defensa de los tres investigados han solicitado, por ejemplo, el testimonio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Tras conocer la diligencia del tribunal, el 'expresident' ha reiterado su convencimiento de que se les juzga por sus "ideas, por escuchar a la gente, por poner las urnas y por defender la libertad de expresión y la democracia". "Iremos a juicio con la cara bien alta y con el sentido del deber cumplido", ha añadido en un apunte en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que está posando con las 'exconselleras' y el diputado del PDECat Francesc Homs, también imputado por el 9-N en el Supremo.
Mas, Ortega y Rigau están acusados de los delitos de desobediencia grave y prevaricación y la fiscalía solicita para Mas 10 años de inhabilitación para el ejercidio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno, y 9 años para Ortega y Rigau por haber impulsado y organizado el proceso participativo.
La fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Artur Mas, como presidente de a Generalitat, desatendió el mandato del Tribunal Constitucional "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", que como convocante le atañía, de dejar sin efecto la celebración del proceso participativo soberanista. Según la acusación pública, el expresidente "consecuentemente" no cursó las órdenes correspondientes para detener los preparativos en curso.
Artur MasGeneralitatdesatendió Tribunal Constitucional voluntadle atañíaPor otra parte, la que fuera vicepresidenta, Joana Ortega, está acusada de haber seguido ejerciendo el control y coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación a pesar de la suspensión del Constitucional. Y lo hizo "por debajo del presidente autonómico que primero dispuso y luego habilitó su celebración". Ortega asumió la coordinación de entes y funcionarios y fue "la impulsora directa" de las principales actuaciones para la votación, según la acusación pública.
Irene Rigau, a la sazón 'consellera' de Ensenyament, actuó, según la fiscalía, de forma "coordinada" con los otros dos acusados, poniendo a disposición de aquellos "medios propios de su departamento", como los centros de enseñanza públicos. Se sirvió de los jefes de servicio territoriales para garantizar que los directores de escuelas e institutos siguieran prestando su apoyo para que los centros pudieran ser acondicionados para la votación y abrieran sus puertas el 9-N.
ESCRITO DE DEFENSA
Por su parte, Mas, Ortega y Rigau reclaman la absolución porque consideran que el proceso participativo fue "lícito". Estuvo, según el escrito de defensa del 'expresident', "enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática". Y argumenta que se puso en marcha "en atención al derecho de participación y de libertad de expresión" de los catalanes.
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