De la reforma a la ruptura

Más de 700 aportaciones de ciudadanos y las de decenas de expertos y actores políticos y sociales dieron forma, en un debate impulsado por EL PERIÓDICO bajo el epígrafe #Más

Democracia, a un decálogo de medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática que suscribirían partidos políticos, sindicatos, universidades, entidades sociales y ciudadanos. Era febrero del 2013 y en esos días se hablaba de fiestas de cumpleaños en casa de Ana Mato, de que la Rambla de Palma ya no era de los Duques de Palma, de Bárcenas, de Bustos, de Oriol Pujol, del «todo es falso salvo alguna cosa» de Rajoy. La iniciativa de este diario respondía a un clamor, en lo que parecía un clímax, un punto sin retorno. Parecía que tocábamos fondo. Y sin embargo...

Sin embargo, a finales del 2014, y a la espera de ver la concreción y la efectividad de las medidas anunciadas (o reanunciadas) por Mariano Rajoy, no solo ese clamor ha seguido creciendo, sino que la visible degradación del sistema tiene ya en jaque todos los consensos de la Transición, sociales, políticos y territoriales. Los ciudadanos siguen reclamando, en esencia, las medidas de saneamiento que ya pedían -sin respuesta- en el 2013. Entonces podía colar aún lo de que «España no está corrompida» y solo «tiene algunos corruptos», como sostenía el jueves el presidente del Gobierno. Pero cada vez están más hartos, más convencidos de que el problema es sistémico, confían menos en reformas y les seduce más apostar por la ruptura. Llámese esta independencia o Podemos.

DESAPEGO / «No me gusta ser irrespetuoso, pero empiezo a estar cansado de tanta tomadura de pelo. Creo que nuestros representantes aún no se han dado cuenta del desapego de los ciudadanos hacia ellos», escribe Pedro Miret (47 años, economista de Barcelona). «Quizá tengamos que volver a empezar. ¡Cómo me han engañado!», coincidía el 10 de agosto María Lourdes Calvo (54 años, trabajadora social barcelonesa).

El repertorio de propuestas ciudadanas, ahora como en el 2013, abarca medidas políticas y legislativas cara a la regeneración y al fin de la impunidad. En lo disuasorio, revitalizando la justicia: «La mayoría de las investigaciones se inician por delaciones, y las acusaciones privadas entrañan amarguras y venganzas privadas, pero llegará el día en que todo el sistema jurídico estará alerta para hacer imposible la corrupción codiciosa», escribía el 10 de agosto Francisco Mateo (74 años, jubilado de El Prat). Para ello habrá que dotarlo de más y mejores medios materiales para hacerlo más rápido y eficaz, blindar la separación de poderes y renovar el arsenal legislativo. ¿Cómo? Endureciendo las penas -«se castigan con mayor rigor delitos de menos calado social que los que causan un grave perjuicio económico y moral a la sociedad», denunciaba el 29 de junio José Manuel Fernández-Arroyo (54 años, asesor laboral de Barcelona), dificultando la prescripción y forzando la reparación del daño: «¿Por qué se envía a la cárcel a los corruptos millonarios? ¿No sería mejor que devolvieran todo el dinero o hacerlos trabajar para cancelar su deuda?», proponía este miércoles Àngel Comas (52 años, barcelonés, comercial).

TRANSPARENCIA / En lo preventivo, los ciudadanos exigen transparencia en la actividad y el patrimonio de los políticos, también después de sus mandatos (o sea, atrancar la puerta giratoria), y que se afronte de una vez por todas el talón de Aquiles de la financiación de los partidos. «El primer paso es modificar la ley de partidos, clarificando, acotando y regulando la obtención de recursos y subvenciones y su control», apunta Francesc Buixeda (68 años, jubilado de Santa Pau). Ramon Masagué (barcelonés, 51 años, jefe de estación de TMB), abría el foco el 31 de octubre: «Es tan culpable el corrupto como la autoridad que lo permite o el corruptor que hace posible el delito».

Abundan también quienes abogan por una democracia más directa en la que la representación política sea «un bien frágil cuyo merecimiento habrá que renovar a diario», como planteaba el 2 de noviembre Ángel Hernández (54 años, empresario de Palamós). Y los que, como Josep Enric Bordas (36 años, profesor barcelonés), apelan a los valores, a «formar personas con sentido democrático que sepan identificar los mejores representantes».

Las cosas, pues, no han cambiado mucho. O sí. El trecho, cada vez más concurrido, que va de las ansias reformistas frustradas a la búsqueda de soluciones rupturistas. «Si en Catalunya queremos un nuevo Estado es precisamente para empezar de nuevo y evitar que sigan campando felizmente ladrones y corruptos», escribía el 9 de septiembre Miquel Bové (50 años, autónomo, de Vacarisses). «Alegan que Podemos no tiene programa y no se sabe qué hará. A mí los que me dan miedo son los que durante más de 30 años han podido hacer cosas para la población y solo las han hecho para ellos y sus amistades. Nos irá bien airear la casa», concluye Marga Torre (funcionaria, 50 años, Barcelona). «Se empieza así [denunciando la corrupción generalizada] y se acaba atacando el sistema», se quejaba Rajoy el jueves. En efecto. Y estaban muy avisados.