Rajoy busca abrumar al soberanismo con datos económicos

Mariano Rajoy decidió en diciembre, tras conocer el acuerdo sobre la fecha de la consulta de autodeterminación y el contenido de las preguntas que pensaba plantear la Generalitat, que él, sus ministros y los principales dirigentes del PP debían desembarcar en Catalunya para tratar de frenar un desafío soberanista que iba a mayores. En aquellos días prenavideños, Rajoy marcó en rojo en el calendario el 25 de enero como fecha elegida para pronunciar en Barcelona un discurso que considera clave. Al menos, así lo admitió el presidente durante su reciente visita a Washington, en un encuentro informal con la prensa, al esgrimir la asistencia a la convención que organiza el PPC como uno de los motivos (que no el único) para no acudir al foro de Davos, como en principio estaba previsto.

Así las cosas, Rajoy ultima una intervención en la que, según su entorno, confirmará que no pasará a la historia como el presidente de España que permitió un referendo que atañe a la soberanía nacional y, mucho menos, la independencia de Catalunya. Para defender ese argumento apelará a los límites que marca la Constitución. Pero los populares dan por sentado también que su jefe, además de explicarse, está obligado en esta ocasión a tratar de «convencer» de las desventajas económicas y sociales que tendría un proceso independentista. Por eso, él y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, soltarán un puñado de datos económicos en este cónclave que «persuadan» de que Catalunya puede salir de la crisis solo de la mano del Estado y que sería incapaz de sobrevivir aislada en estos tiempos.

CRISIS Y LIQUIDEZ / Montoro, que intervendrá el viernes en el macroacto diseñado por Alicia Sánchez-Camacho, confirmó ayer en los pasillos del Congreso que va a defender un informe sobre la liquidez que, en estos meses, se ha ido inyectando a la Generalitat para garantizar su supervivencia. Fuentes cercanas al ministro apuntaron después que analizará los efectos que en las arcas catalanas ha tenido hasta ahora el sistema de financiación vigente, además de recordar que un tercio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ha ido a parar a Catalunya, así como una parte relevante de los fondos destinados al pago para proveedores. Unos datos que podrían ser también utilizados o ampliados por Rajoy en su discurso del sábado.

El departamento de Montoro está trabajando, asimismo, para poder presentar las balanzas fiscales a finales del mes de febrero, pese a que el presidente del Gobierno se había comprometido a hacerlas públicas antes de que terminara el 2013. Será la próxima semana cuando el titular de Hacienda anuncie oficialmente quiénes son los expertos a los que ha encargado ese trabajo y cuál es la metodología que se va a utilizar. En todo caso, el propio Montoro dio ayer alguna pista al puntualizar que esta vez no tendrá tanto peso la comparación entre lo que el Estado aporta a las autonomías y a la inversa como la valoración de costes de los servicios públicos que se ofrecen desde cada Administración; esto es, el uso del coste estándar que tanto ha defendido el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, como base para diseñar un nuevo modelo de financiación.

DISCRETA CITA EN LA MONCLOA / Por tanto, la estrategia gubernamental radica en difundir a los cuatro vientos los números que a su juicio prueban la salida de una recesión de la que, avisan, Catalunya se beneficiará tanto o más como las demás comunidades si permanece integrada en una España con la que mantiene lazos comerciales, financieros, económicos, sociales y sentimentales. Y, a la vez, en poner sobre la mesa otras cifras (y documentos) que alerten de las consecuencias políticas y financieras que tendría una hipotética independencia. Se seguirá el camino que ya marcó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, al enviar a embajadas españolas repartidas por el mundo un grueso informe sobre los efectos que se derivarían de un proceso independentista. Dicho informe se ha elaborado para contrarrestar la campaña internacional que a su vez ha puesto en marcha la Generalitat catalana para airear el proceso, y está basado en documentos similares que el Gobierno británico de David Cameron tiene en su poder para plantar cara al desafío independentista que le ha planteado Escocia, donde la consulta sí está autorizada.

De hecho y según ha podido saber este diario, la misma semana en que Mas reveló la fecha escogida para la consulta, hubo una reunión discreta (y llamativa) en la Moncloa entre una delegación del Gobierno español y una del británico para intercambiar puntos de vista sobre las situaciones en Catalunya y Escocia y las posibles estrategias a seguir en escenarios de desafíos independentistas, salvando las particularidades de cada caso. Desde la Embajada británica en Madrid se confirma que existen contactos «fluidos y permanentes» entre los gobiernos de Mariano Rajoy y de David Cameron, aunque se prefiere no especificar los contenidos que se tratan entre ambas administraciones.