La pena del imputado

Un juez cree que hay indicios de delito cometido por una persona relevante. La imputa. Los periodistas informan sobre ello. Buscan, a través de sus fuentes, información. La publican, despojada en gran medida de los farragosos detalles procesales, normalmente por entregas, concentrada en un titular. Acompañan a esta información las imágenes del paseíllo del imputado en la puerta del juzgado, del ingreso en prisión provisional. Y en las tertulias, ahora tan de moda en televisión, se debate. Se opina. Y los paparazis que solían apostarse a las puertas de las casas de los famosos ahora montan guardia ante las de los imputados (en ocasiones, los mismos) o los esperan en el aeropuerto, a la caza de una peineta definitiva y definitoria.

Y estas imágenes, estas informaciones, llegan a una opinión pública indignada, castigada por los recortes y el paro, abrumada por los continuos casos de corrupción, presa de una galopante desafección hacia los políticos y las instituciones, justicia incluida. Una población que exige ejemplaridad, que reclama que los culpables de esta crisis que cree una estafa paguen los platos rotos. Unos ciudadanos que ya no se fían de nadie -ni del imputado, ni de sus abogados, ni de los fiscales, ni de los jueces, ni de los periodistas- y que dictan sentencia. Y así lo hacen saber en la calle y en las redes sociales. Cae así sobre el imputado -que, siempre conviene recordarlo, es inocente hasta que se demuestre lo contrario- la pena del telediario, la de Twitter (cruel, mordaz) y la de Google

y su hemeroteca eterna. Antes, mucho antes, de que el juez decida ni siquiera llevarlo a juicio.

CONDENA SOCIAL «Si van al juzgado acusados de una acción ilegal deben ser vistos por todos y afrontar las consecuencias», dice el lector Jesús Latorre, de Barcelona. «Si ellos se sienten acosados, nosotros, la gente que cumplimos con la ley, nos sentimos estafados y engañados», afirma Rosa Gusí, de Cornellà de Llobregat. «Hay una condena social, una tendencia a dar por probada la culpabilidad, sobre todo porque en estos casos mediáticos el material probatorio se pone a disposición del público, y este extrae sus conclusiones. Es un juicio paralelo», afirma Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la UAB. Legalmente, no hay duda: una imputación no es una condena, ni siquiera una acusación firme. «La imputación -en palabras del magistrado emérito José Antonio Martín Pallín- solo es atribuir a una persona un hecho. Ante esto, el juez lo puede rechazar o puede seguir adelante».

No es nuevo que topar con la justicia implique escarnio público. «La estigmatización por la imputación no te la quita nadie, como dijo el Tribunal Supremo en 1996 con Felipe González. Pero, ojo, se estigmatiza a todo el mundo. No hay que ir con más cuidado con los famosos que con quien no lo es», advierte Miguel Capuz, abogado penalista que ha trabajado en varios casos mediáticos. La cuestión es que esta estigmatización sucede en una época con un poder de comunicación nunca visto y en plena crisis política, social e institucional. «Estamos en unos tiempos en los que los ciudadanos ven motivos espurios en todo el mundo, hay una desconfianza generalizada hacia las administraciones, no solo la de la justicia», reflexiona María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales.

Es en este contexto cuando surge el riesgo de que la condena social afecte al correcto desarrollo de la justicia y a la presunción de la inocencia de los imputados. «Los jueces son humanos y no podemos afirmar que sean inmunes al contexto en que ocurren los hechos. Deben interpretar las leyes, y aquí siempre pesa el contexto», dice laexconsellera de Justícia Montserrat Tura.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Tura coincide en que la imputación equivale a una condena social, pero alerta de que «la confusión se produce cuando hay quien quiere convertir en una cuestión de derecho procesal la pérdida de confianza de los ciudadanos». Una forma de introducir en el debate el concepto de responsabilidad social y política frente al de responsabilidad legal. Según Tura: «La responsabilidad penal, social y política son diferentes, pero en la corrupción están estrechamente relacionadas. La ciudadanía espera más de partidos e instituciones que un debate sobre derecho procesal».

Es en este terreno, desnudo de los términos legales que son ajenos a la mayoría de la población, donde la condena social del imputado y la exigencia de medidas ejemplares se mueve con más comodidad. Lo cual no implica que no sean arenas movedizas. «Cuando se habla de que más allá de la cuestión penal hay una responsabilidad ética o una responsabilidad social, ¿quién lo decide? En gran medida, los medios. No hay ningún órgano, ningún tribunal social etéreo, será lo que digan las tertulias», alerta García Arán.

Porque el papel de los medios de comunicación en la consideración social del imputado es clave. «Hay problemas en el tratamiento informativo de los temas judiciales -señala Joan Manuel Tresserras,exconseller y doctor en Ciencias de la Información-, pero es evidente que estos deben ser abordados porque son de interés general y los medios deben servir al derecho de las personas a disponer de una información completa y de calidad».

El problema es cuando esta información se convierte en espectáculo. «En España, muchos tertulianos hablan de la justicia sin tener ni idea, como si fuera fútbol», se lamenta Capuz. «El juicio paralelo es inevitable», reflexiona Martín Pallín, quien añade: «Tendríamos que hacer pedagogía y advertir a la opinión pública de que solo hay algo firme cuando un tribunal, después del juicio, decide condenar o absolver. Tenemos por delante una labor de cultura social y jurídica».