Los votos a favor de CiU y del PPC (y la abstención del PSC) han permitido que el Parlament eligiera este miércoles a Roger Loppacher como presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). La alianza ente nacionalistas y populares ha posibilitado a la vez que Daniel Sirera, predecesor de Alicia Sánchez-Camacho al frente de los conservadores catalanes, ocupe el cargo de consejero. No sin que la oposición haya lanzado duras críticas contra los el Govern y su socio, a los que ha acusado de dejar el organismo sin ningún periodista.

Daniel Sirera, Roger Loppacher y Salvador Alsius, en el Parlament, en pasado 2 de julio. JOAN CORTADELLAS

Joan Ferran (PSC), que ha justificado la abstención de los socialistas para no dar la imagen de que son "obstruccionistas", ha lamentado la "regresión" que a su parecer se ha producido con los nuevos miembros del CAC y con la nueva ley del audiovisual que CiU y el PPC sacaron adelante hace unos meses. Dolors Camats (ICV-EUiA) ha criticado el sesgo ideológico del nuevo órgano y se ha quejado de que no se haya aceptado su propuesta de situar a Salvador Alsius en la dirección de la entidad. En la misma línea se ha mostrado Carmel Módol (ERC), quien ha denunciado la ausencia de periodistas. "Es como sin en el Consejo General del Poder Judicial no hubiera ningún jurista", ha espetado.

El diputado del PPC Santi Rodríguez ha defendido la idoneidad de Loppacher y Sirera para ocupar sus cargos y ha respondido a los partidos de izquierdas que cuando ellos controlaban el CAC no ponían peros a las tendencias ideológicas de sus miembros También ha defendido que "en ningún lugar dice que los miembros del CAC deban ser periodistas". Marta Alós (CiU) ha recordado que fue el anterior Govern quien rompió, en el 2010, el consenso para elegir los integrantes del organismo. "El CAC merece tener una visión global", ha razonado la diputada nacionalista para justificar la ausencia de periodistas.

Por su parte, Albert Rivera (Ciutadans) ha abogado por suprimir directamente el CAC porque considera que supone un gasto innecesario y que solo sirve para que los partidos mayoritarios coloquen en el puesto a personas afines a sus filas.