Anticorrupción se querella contra el presidente de 'La Razón' por fraude en subvenciones

Ignacio Pérez-Dolset, el pasado julio.

Ignacio Pérez-Dolset, el pasado julio.

Á. V. / MADRID

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Una operación policial por fraude de subvenciones e insolvencia punible contra la empresa tecnológica española Zed Worldwide, cuyo mayor éxito fue a finales de los noventa el videojuego Commandos, ha sido la primera coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras incorporarse este lunes al Juzgado Central de Instrucción número 6 después de llevar 16 años apartado de la instrucción. Este viernes tomará declaración a los seis arrestados, entre los que figuran su fundador y máximo accionista, Javier Pérez Dolset, y su hermano Ignacio.

El operativo es fruto de una querella en la que la Fiscalía Anticorrupción llevaba trabajando desde el año pasado contra 19 personas, entre ellas, el presidente del diario 'La Razón', Mauricio Casals, que comparecerá ante el juez cuando sea citado. El ministerio público le atribuye haber intercedido para que Zed, que llegó a estar participada por Planeta en un 25%, recibiera créditos blandos para el fomento de la innovación y el desarrollo por 67 millones de euros. La mayor parte salió del Ministerio de Industria, pero también se estudian subvenciones del de Economía y de otros departamentos El Grupo Planeta ha anunciado que se personará como acusación particular en las actuaciones de la fiscalía contra el Grupo Zed por un perjuicio económico que cuantifica en 120 millones de euros. Planeta ha recordado que "viene denunciando las irregularidades en la gestión por parte del presidente y de los administradores del grupo Zed desde junio de 2011".

Las gestiones para lograr los fondos se habrían producido entre el 2010 y el 2015, es decir, tanto con gobiernos socialistas como del Partido Popular. Por esa supuesta labor de intermediación, 'La Razón' habría recibido presuntas comisiones irregulares a través de servicios de publicidad y falsos acuerdos de colaboración por unos dos millones de euros.

Por eso, una comisión judicial se personó por la mañana en el diario para requerir toda la información relacionada con el procedimiento. En un comunicado 'La Razón' negó que su presidente haya participado en algún tipo de tráfico de influencias o fraude de subvenciones "ni directa ni indirectamente", y resaltaba su disposición a "colaborar con la justicia en todo momento".

También se investiga si Casals -que el pasado mes de abril fue imputado y desimputado en un tiempo récord en el 'caso Lezo' por supuestas coacciones a presidenta madrileña, Cristina Cifuentes- habría intervenido para evitar que la fiscalización de los préstamos y los ministerios intervinientes no reclamaran su completa devolución. Expertos en delitos económicos han determinado que solo la mitad de los créditos blandos concedidos fueron reintegrados a la Administración. Parte del dinero de la compañía, que llegó a tener 200 trabajadores, salió hacia una empresa de Dolset, Pure Action Sports Europe, según adelantó 'El Confidencial', que sitúa la quiebra en noviembre de Zed en su socio ruso, el magnate Mikhail Fridman.

OCULTAR BIENES

La insolvencia punible castiga con penas de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses a quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, trate de ocultar o destruya bienes o "elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura". Zed, que en 1998 tuvo un gran éxito con el videjuego Commandos, se declaró en concurso de acreedores el pasado mes de noviembre.

Entre otras conductas, el Código Penal castiga con penas de uno a cinco años al que obtenga subvenciones de las Administraciones Públicas por varlor superior a 120.000 euros falseando las condiciones para su concesión o las aplique a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida.