La justicia presiona a los Mossos y empieza por el mayor Trapero

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, declara este viernes en la Audiencia Nacional por un delito de sedición. También lo harán los líderes de las entidades ANC y Omnium, Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, y la intendente Teresa Laplana. Esta última, el 20 de septiembre, estaba a cargo del operativo desplegado para contener la protesta que se desencadenó frente a la 'conselleria' de Economia. Todos están siendo investigados por impedir –o, mejor dicho, por no actuar para evitar que la movilización impidiera- el trabajo de los agentes de la Guardia Civil que arrestaron a los 14 cargos públicos que organizaron el referéndum independentista.

Desquite judicial

La jornada del 1-O ha dañado gravemente la relación que los Mossos mantenían con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero también ha enrabietado a parte del poder judicial, que sospecha que la policía catalana –con Trapero a la cabeza– desacató la orden de actuar. Por eso varios jueces investigan si no pudieron retirar las urnas o, lo que sucedió en realidad, fue que no quisieron. El Ministerio de Interior analiza una grabación en la que se ve a mossos llevarse urnas entre aplausos. Hubo guardias civiles que tomaron fotografías de los mossos en los colegios, para certificar con imágenes lo que a su juicio era una actitud de desobediencia hacia a la orden judicial de impedir la consulta. Desde aquella jornada, son varios los agentes catalanes que tienen miedo de ser los siguientes en el desquite que preparan la Guardia Civil o el poder judicial. Nadie duda de que esta caza de supuestos 'desobedientes' está en marcha. 

"Hubo ensañamiento"

Los poderes fácticos españoles acorralan a los Mossos. Lo notan en el rechazo explícito de los cuerpos de seguridad estatales y en el celo del estamento judicial. O en movimientos como el de la base militar de Sant Climent de Sescebes (Alt Empordà), que ha vetado esta semana la entrada a mossos que hacían allí práctica de tiro. Los sindicatos de la Policía Nacional incluso han pedido que se aborte su esperada incorporación al CITCO. 

La presión externa está dividiendo internamente a los Mossos. Algunos creen que tendrían que haber hecho más para cumplir el mandato judicial durante el día 1. Otros creen que hicieron lo correcto al estar junto a los ciudadanos. No hay mucha discusión, sin embargo, al juzgar duramente la actuación de los antidisturbios españoles el pasado domingo. Sobre todo la de los efetivos de la Policía Nacional, y no tanto los de la Guardia Civil.

"Hay algunos policías, no todos, que vinieron aquí a repartir", explica un mosso, en alusión a las unidades desplazadas a Catalunya por el Ministerio de Interior y salvando a los funcionarios que viven y trabajan aquí desde hace muchos años. "Si te metes en foros policiales notas que fuera de Catalunya hay agentes que tienen un sentimiento anticatalanista", mantiene. "Fue una actuación desproporcionada", denuncia otro mosso. "Yo lloré mucho viendo las imágenes de estas actuaciones policiales. Pegaron e insultaron. Y cargaron en poblaciones de 300 habitantes", añade un tercer policía catalán. "Lo que hicieron algunos de ellos fue vergonzoso", concluye un último agente.