El PP, a juicio por usar 18 años una caja b

El PP irá a juicio, como responsable civil subsidiario, por haber dispuesto durante 18 años de una caja b y haber pagado con ella parte de la reforma de su sede nacional. Así lo acordó ayer el juez José de la Mata en un auto en el que sienta en el banquillo a los exresponsables financieros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez y a los tres arquitectos que llevaron a cabo las obras del edificio entre el 2005 y el 2010. El togado ha imputado a los acusados, entre otros, los delitos de organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El magistrado se ha negado a rebajar un ápice las duras peticiones presentadas por el fiscal y las acusaciones populares, y ha endurecido las conclusiones de su antecesor Pablo Ruz cuando terminó esta investigación el pasado mes de marzo. Por ello, De la Mata ha añadido nuevos delitos a propuesta de IU, que reclama casi 20 años de cárcel para los extesoreros del PP.

De la Mata sostiene que el PP, desde 1990 «hasta al menos» el 2008, «se ha servido de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal». Y que este dinero, o caja b, sirvió para pagar desde sobresueldos a gastos electorales o servicios de la fuerza conservadora.

LOS DONATIVOS / El togado se ha opuesto a  sobreseer el proceso por delito fiscal contra el partido, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. De la Mata explica que el PP deberá responder por no haber  tributado el impuesto de sociedades en el 2008 al no haber declarado 1.055.000 euros que recibió en concepto de donativo de «personas vinculadas a sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos». El magistrado afirma que 880.000 euros de este dinero se destinó a pagar las obras de remodelación de la sede nacional del PP.

El juez sostiene que el partido debería haber tributado por esta cantidad, por lo que ha contraído una deuda con Hacienda de 220.167 euros. De la Mata le hace también responsable, a propuesta de la Agencia Tributaria, del millón de euros que no ingresó Unifica, el despacho de arquitectos, en el impuesto de sociedades del 2007. «Resultó esencial», apunta, «la colaboración prestada» a Unifica por Bárcenas y Páez «como responsables del PP» para eludir el pago de impuestos al haber creado «un sistema dual» de pagos.

LAS FIANZAS / El juez ha impuesto, además, fianzas civiles que oscilan entre los 9 millones para los extesoreros y los 6,1 millones para los arquitectos Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero y los 7,4 para Páez. Al PP le fija una responsabilidad civil de 1,2 millones de euros. Estas cuantías incluyen los conceptos de multa, responsabilidad civil y el tercio que establece la ley.

Los imputados disponen de un plazo de 10 días para consignar estas cantidades en el juzgado antes de que se proceda al embargo de sus bienes. Además, cuentan con un plazo de 20 días para presentar sus escritos de defensa.