JUICIO POR PRESUNTA MALVERSACIÓN DE FONDOS
La excúpula de la Associació Catalana de Municipis ultima un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. Albalat / Barcelona
Las defensas del exsecretario general de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y excoordinador general de la Diputació de Barcelona, Josep Maria Matas, y el que fuera asesor jurídico de la entidad nacionalista, Xavier Solà, están ultimando un acuerdo con la fiscalía por el que se le rebajaría de cinco años y medio a dos años de prisión la pena por el desvío de 960.000 euros de fondos de la asociación municipalista en beneficio propio. El método utilizado, según la acusación, se basa en el uso de sociedades interpuestas y facturas “mendaces”. Con una condena de dos años evitarán, en principio, ingresar en la cárcel. Están acusados de malversación y de falsedad documental.
El juicio contra Matas y Solà debería haber empezado este lunes en la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, las defensas plantearon al tribunal de que estaban a punto de llegar a un acuerdo con la fiscalía y que pasaría por la confesión y la devolución del dinero defraudado. El que fuera secretario general de la ACM ya ha retornado los 771.000 euros que le corresponde a él, mientras que el asesor jurídico ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la asociación para que esta no le reclame cantidad alguna. Sin embargo, este pacto entre Solà y la ACM debe ser ratificado este mismo lunes por la entidad. De ahí y ante la posibilidad de una sentencia de conformidad, la vista se haya pospuesto para mañana martes.
La fiscalía sostiene que Matas y Solà «abusaron de sus respectivos cargos» en la ACM para «desviar de forma continuada fondos de la entidad a su bolsillo particular». Considera que Matas situó a dos sociedades instrumentales (Pere i Sole y Tresserres Imatges) para facturar servicios a la ACM que eran prestados por terceros y cuyo precio se «incrementaba ilícitamente» o eran «completamente irreales».
Convenio con la Generalitat
A esa mecánica, incide el fiscal, se sumó después Solà. Este y Matas «se concertaron», según la acusación, para «aprovechar en beneficio propio» el convenio de colaboración que la ACM había suscrito en diciembre del 2004 con la Conselleria de Política Territorial, conforme al cual la entidad asumía la prestación de determinados servicios en materia urbanística a sus ayuntamientos asociados. Entre el 2005 y el 2010, la Generalitat aportó fondos por 1,3 millones de euros para la tarea de confección de unos catálogos de masías.
La fiscalía índice en su calificación provisional que las empresas interpuestas, una de ellas de Solà, giraron contra la entidad facturas aparentemente derivadas de la confección de estos catálogos, “cuando en realidad no se había presentado ningún servicio. Matas también está acusado de percibir una retribución laboral desproporcionada.
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