La jueza imputa a Nadal por estafa en una operación urbanística

La jueza de Barcelona Elena Carasol Campillo ha citado en calidad de imputado para el 21 de noviembre al veterano dirigente del PSC y exconseller de Política Territorial durante el Govern tripartito Joaquim Nadal por una presunta estafa millonaria a una promotora inmobiliaria a raíz de una operación urbanística en Santa Cristina d'Aro. El fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, que ha solicitado la imputación, considera que tanto el exalto cargo de la Generalitat como un antiguo alcalde de la localidad, ya fallecido, ocultaron y no comunicaron a la promotora que los terrenos donde iban a construir un polígono industrial eran inundables. La inmobiliaria pretendía construir naves en esa zona y no pudo hacerlo, lo que le causó perjuicios económicos que ascienden a decenas de millones de euros.

En el marco del mismo proceso judicial, la jueza también ha citado declarar como imputado, pero por un delito de prevariación, al que en el 2006 era director del Institut Català del Sòl (Incasòl), Emili Mas Margarit. La fiscalía pretende averiguar la enajenación por parte del Ayuntamiento de Santa Cristina al Incasòl del 10% del aprovechamiento urbanístico resultante de la constitución del que debía ser el polígono industrial y que no se pudo hacer porque el solar era inundable. El Incasòl pagó al consistorio un millón de euros por el 50% de esa enajenación y, a pesar de que no se pudo al final desarrollar el proyecto previsto, ese dinero no fue devuelto. El fiscal sostiene que estos hechos «pueden suponer un irregular manejo de fondos públicos», ya que el Incasòl adelantó una cantidad económica sabiendo de que la zona no era susceptible de desarrollo urbanístico.

La acusación sostiene que el delito de estafa que se imputa a Nadal fue «consumado» con la firma de un convenio urbanístico firmado el 11 de octubre del 2006 por el que fuera alcalde de Santa Cristina y el entonces conseller y presidente del Incasòl, así como el representante de la promotora Vara Real Estate.

En virtud de este convenio, la promotora a vendió el 50% de una finca ubicada en la zona de Molí d'en Reixac al Institut Català del Sòl (Incasòl) por siete millones de euros, renunciando al desarrollo industrial de la zona y adquiriendo importantes derechos urbanísticos en unos solares sitos en otro lugar del municipio, en la zona de Bernades, y que resultaron ser inundables. Hasta el mismo Incasòl, incluso, renunció en el 2010, por esta razón, a reparcelar estos terrenos.

El fiscal destaca que el entonces alcalde de Santa Cristina y Nadal «tenían conocimiento» de que los terrenos proporcionados eran inundables y lo «ocultaron» a la promotora. Por lo tanto, podrían haber cometido un delito de estafa, por cuanto habrían engañado a la empresa para que esta vendiese la finca de Molí d'en Reixac, renunciando a sus derechos allí a cambio de desarrollar un proyecto industrial en la zona de Bernades que era «imposible de ejecutar». Hay varios testigos y documentos que avalan que esos terrenos estaban afectados por su posible inundabilidad en un 80%. La Ley de Urbanismo de Catalunya prohibe expresamente «urbanizar y edificar en zonas inundables y en otras zonas de riesgo para la seguridad y bienestar de las personas.

La acusación pública ha apuntado en anteriores escritos (en el de petición de imputación no hace mención) que detrás de esta operación no está la preservación del valle de Solius, como alegan los implicados, sino la adquisición en marzo del 2006 por parte de una sociedad de la familia del editor José Manuel Lara de la finca Can Dalmau, próxima al Molí d'en Reixac, la zona donde, en un principio, la promotora perjudicada por la operación pretendía construir el polígono industrial.