Y si no es ahora, ¿cuándo?

El deseo de aprobar la declaración secesionista cuanto antes, no tanto por imposición de la CUP a cambio de algo, sino fruto de una estrategia compartida también por Junts pel Sí para acelerar la confrontación, había llevado a la Mesa del Parlament a cometer graves atropellos a los derechos de los diputados contrarios a esa iniciativa. Sin embargo, la petición de Ciutadans y PP de suspender el pleno del lunes tenía muchas dificultades tanto por razones jurídicas como de inoportunidad política. Sobre las primeras no voy a entretenerme porque las expuso ayer el TC.

Las segundas, en cambio, se relacionan con un principio de prudencia que me parece más interesante. Jamás hay que responder a una provocación antes de tiempo. ¿Qué mejor propaganda para el separatismo que poder esgrimir la prohibición de un debate? La aceleración del conflicto con los poderes del Estado hubiera seguramente arreglado a Junts pel Sí y la CUP la papeleta que tienen ahora mismo sobre la reelección de Artur Mas. Y como Carme Forcadell estaba dispuesta a desobedecer la hipotética suspensión del pleno, se la habría convertido tontamente en heroína de la causa. Cuando el Gobierno español interponga recurso, dicha declaración quedará en suspenso de forma automática. Jurídicamente, pues, se conseguirá el mismo efecto sin entrar en la pelea que buscaba el separatismo.

Solo a partir de ese momento, ante cualquier nuevo acto jurídico o hecho administrativo que signifique desacatar al TC, será inevitable que el Estado intervenga para abortar una situación de rebeldía contra la democracia y el Estado de derecho. La barbaridad de resolución que el lunes aprobará el Parlament ha despejado el camino a un escenario que de otro modo hubiera costado muchísimo alcanzar.

En solo una semana, todo el espectro social y político español ha tomado conciencia de la extrema gravedad del desafío secesionista. Los líderes de UGT y CCOO, siempre tan prudentes para no entrar en colisión con los dirigentes sindicales catalanes, a la salida de su encuentro con Mariano Rajoy, negaron el derecho a decidir y, en cambio, abogaron por una reforma federal de la Constitución. Nadie desea aplicar el artículo 155, pero tampoco nadie se opone. No se trata de suspender la autonomía, sino de intervenir aquellas competencias que impidan desarrollar la hoja de ruta secesionista. Con proporcionalidad y gradualismo hasta llegar, si hace falta, a suspender a todo el Govern.

Seguro que el lunes muchos se llevarán las manos a la cabeza y se preguntarán si no hay razones de peso para actuar ya frente a la reiterada deslealtad de unos dirigentes nacionalistas empeñados en imponer su voluntad. Y si no es ahora, ¿cuándo?, oiremos. Pronto, pero aún no.