Unas grabaciones confirman la implicación de Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Púnica'
El presidente de Murcia encargó a la trama un trabajo para mejorar su reputación en las redes por 3.000 euros al mes
Las grabaciones de la investigación del 'caso Púnica' apuntan a una supuesta concertación entre el actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la trama encabezada por Alejandro de Pedro para lavar su imagen en las redes sociales, un acuerdo por el que el juez del caso, Eloy Velasco, atribuye a Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
Según estas grabaciones, desveladas este lunes por la cadena SER, se celebraron cuatro reuniones entre junio y octubre del 2014 en las que participó Sánchez, entonces consejero de Educación del Gobierno murciano, para cerrar el acuerdo. Las conversaciones interceptadas son entre el propio De Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de varias consejerías de Murcia.
La última reunión tuvo lugar el 21 de octubre en un hotel de Madrid y en ella se cerró el contrato con el presidente murciano y la senadora del PP Pilar Barreiro. En la charla interceptada se puede escuchar a De Pedro explicándole el acuerdo a uno de sus colaboradores, quien con una gran satisfacción exclama "¡Murcia a tope!".
Otra de las grabaciones confirma que el contrato cerrado con Sánchez ascendía a "3.000 pavos" al mes durante siete meses, que eran los que faltaban para las elecciones autonómicas de mayo del 2015, a las que pretendía concurrir.
"Sácale el contrato a Pedro Antonio que lo necesitamos como el agua", es otra de las frases interceptadas, y que pronunció José Antonio Alonso a De Pedro.
Finalmente, estos trabajos no se llegaron a realizar, pues pocos días después de llegar al acuerdo estalló el caso y se ordenaron las detenciones de los cabecillas de la trama.
Según el auto del juez Velasco, el actual presidente de Murcia amañó contratos de formación para pagar en realidad los trabajos destinados a mejorar su reputación en internet cara a las elecciones. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, se opone a imputar a Sánchez porque considera que "no llegaron a formalizarse los contratos de publicidad" y, por tanto, no hubo perjuicio para las arcas públicas.
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