AUDIENCIA NACIONAL

El juez acusa al presidente de Murcia de fraude y cohecho en el 'caso Púnica'

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (centro), saluda al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y al de La Rioja, José Ignacio Carniceros, este fin de semana en el congreso del PP.

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (centro), saluda al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y al de La Rioja, José Ignacio Carniceros, este fin de semana en el congreso del PP. / periodico

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

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Al presidente de Múrcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, se le suman los frentes judiciales. Si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia asumió la investigación de la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras, mientras él era alcalde, este lunes, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una pieza por los contratos que la trama Púnica firmó en la región. En ella imputa a una veintena de personas y le señala a él y a la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro.

Como ambos son aforados, el magistrado no puede imputarles y se limita a pedir a las cámaras a las que pertenecen que certifiquen su condición para elevar una exposición razonada al TSJ murciano y al Tribunal Supremo, respectivamente, para juzgarles. La Fiscalía Anticorrupción apoya actuar contra Barreiro, pero no contra Sánchez, puesto que sostiene que "no llegaron a formalizarse los contratos de publicidad" destinados a mejorar su reputación online y, por tanto, no hubo perjuicio para las arcas públicas.

Idéntica explicación ofrecieron la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tras conocerse la resolución, y el propio Pedro Antonio Sánchez. "No se puede demostrar lo que nunca existió", afirmó Sánchez, que asegura tener más de una decena de certificados que acreditan que no hubo relación comercial entre la Consejería de Educación, al frente de la que estaba, y las empresas de Púnica. No obstante, consideró que la investigación judicial será una buena oportunidad para "que no quede ninguna duda de que nada se ha hecho mal", informa Belén Pardo.

El juez le atribuye fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con el experto en redes sociales y conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación y así pagar trabajos destinados en realidad a mejorar su reputación en internet de cara a postularse como presidente de Múrcia. 

Velasco acusa a Barreiro de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de información reservada por amañar adjudicaciones de contratos públicos de formación de la Consejería de Educación y sufragar con dinero previsto para campañas de turismo en Cartagena los honorarios de un periodista y la creación de un diario digital que le fuera favorable.

TARJETA INTRANSFERIBLE

En su auto, el magistrado recuerda que en el momento de la detención de su antecesor en la alcaldía de Cartagena, el socialista José Antonio Alonso Conesa, se le intervino una tarjeta de crédito del Congreso de los Diputados, "intransferible", a nombre de "P. Barreiro". Según la resolución fue él, por su amistad con De Pedro, quien propuso a la ahora senadora contratar una de las empresas de este para mejorar su reputación online. De Pedro creó un periódico digital para dar informaciones positivas de Barreiro. El juez considera que en un momento determinado "se decidió ampliar los servicios prestados por las empresas de De Pedro" de forma conjunta "con los que se tenía previsto hacer para Pedro Antonio Sánchez" que se enfrenta a una acusación similar a la que ya pesa sobre los exconsejeros madrileños, también del PP, Salvador Victoria y Lucía Figar.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia asumió el pasado 2 de febrero otro caso contra Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos por irregularidades en la adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, mientras era alcalde.

TERCERA PIEZA CONCLUIDA

El juez Velasco acordó en septiembre del 2015 la formación de 12 piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de la trama Púnica. Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimitar las personas contra las que se dirige esta pieza, concretando los delitos que se imputan a cada una.

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra Alejandro de Pedro, el exconsejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

EL PP RESPALDA A SU BARÓN

Al igual que sucedió cuando Sánchez fue acusado por la adjudicación del auditorio de Puerto Lumberas, el PP ha salido este lunes en defensa de su barón regional. La secretaria general, Dolores de Cospedal, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del presidente de Murcia y ha subrayado que su aparición en el sumario de la 'Púnica' es por "un contrato que nunca se celebró". 

Cospedal ha recordado además que la oposición ha presentado 16 querellas contra Sánchez y ninguna ha prosperado. 

CIUDADANOS DA UN AVISO AL PRESIDENTE

Sin embargo, Ciudadanos ha dado un toque a Sánchez, con quien gobierna en coalición.