El Gobierno frena los indultos: 47 desde 2015 y ni corruptos ni maltratadores

El Gobierno no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial ni contra la Hacienda Pública en el último año y medio, por la especial "repulsa" que generan en la opinión pública y la "sensibilidad social" que existe hacia el ejercicio del indulto.

La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, ha dado cuenta de estos datos ante la Comisión de Justicia del Congreso en cumplimiento con el mandato legal introducido en la reforma del Código Penal de 2015, que obliga al Gobierno a informar semestralmente de los indultos concedidos y denegados.

El Gobierno incumple la ley al informar al Congreso con año y medio de retraso sobre los indultos

Entre los 27 indultos concedidos en 2016, de un total de 3.774 solicitudes, y los 20 en lo que va de año, de 1.943 peticiones, no existe ninguno a condenados por delitos de corrupción, violencia de género, seguridad vial, Hacienda Pública ni lesa humanidad.

Además, ha destacado la reducción progresiva de los indultos concedidos, al pasar de una media anual de 400 en los últimos diez años a los 27 del pasado año, es decir, un porcentaje que ha pasado del 11,26 % de 2007 al 0,72 % de 2016, del total de solicitudes.

La presentación de este informe del Ministerio coincide con la tramitación de una proposición de ley del PSOE que pide reformar la norma que regula el derecho de gracia, que data de 1870, e incorporar la prohibición del indulto a los condenados por delitos de corrupción y violencia machista.  

DESOYE LA LEY

En líneas generales, los grupos han valorado los datos ofrecidos, aunque algunos han criticado el retraso de dos años en presentarse el Congreso, que Justicia ha justificado por el año que el Gobierno estuvo en funciones y porque "parecía lógico" que, si la ley obliga a presentarlo cada seis meses, "hacerlo en el semestre de un año natural".

Sin apenas críticas del PSOE y Ciudadanos y con el apoyo del PP por la "transparencia" del Gobierno, Podemos ha centrado las principales críticas en la comisión, al cuestionar el "enorme porcentaje de indultos a instancias de cofradías" de Semana Santa "en un estado laico" y la medida de gracia concedida a seis empleados públicos condenados por prevaricación.

Pero la subsecretaria ha querido dejar claro que las cofradías no tienen ningún privilegio y que las solicitudes las pueden hacer asociaciones, penados o familiares; mientras que en el segundo caso ha asegurado que no eran casos de corrupción política, como entiende el Ejecutivo, porque no hubo enriquecimiento personal.

Eso sí, no se ha pronunciado sobre los casos pendientes de la presidenta de SOS Bebés Robados Almería, María Ascensión López, que acusó a una monja de haber organizado su robo; ni de Andrés Bódalo, exedil de la formación condenado a tres años por agredir a un concejal socialista, ambos planteados y respaldados por Podemos.