El Gobierno usará los intrumentos "jurídicos y judiciales" para impedir el referendo

El Gobierno ha advertido este jueves a Artur Mas de que está dispuesto a utilizar los "instrumentos jurídicos y judiciales" para "parar" el referendo de autodeterminación. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el proceso anunciado por el 'president' de la Generalitat, Artur Mas, "tiene un procedimiento constitucional, que es la autorización por parte del Estado".

La número dos del Ejecutivo ha añadido que es una cuestión que afectaría "al conjunto del pueblo español" y por tanto "habría que preguntarles a todos y cada uno de los españoles" porque son los que tienen la competencia de decidir sobre la "organización territorial" y el modelo de Estado. "No solo hay instrumentos jurídicos y judiciales para pararlo, además hay un Gobierno, este Gobierno, que está dispuesto a usarlos", ha remachado la vicepresidenta tras la reunión del Consejo de Ministros. 

A continuación, la vicepresidenta ha detallado los dos instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado para frenarlo. En primer lugar, Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno central ya interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de consultas populares catalana. El alto tribunal levantó la suspensión que pesaba sobre algunos artículos de la norma al entender que cualquier convocatoria tendría que contar con la autorización del Estado. Es decir, que si el referendo no cuenta con el aval de Rajoy, este podría pedir de nuevo al TC que suspendiese la norma y por tanto la consulta.

El TC añadió en un auto, según precisó la vicepresidenta, que o bien tenía el auto delante o se había escrito la respuesta, que "tal levantamiento de la suspensión se realiza sin perjuicio de que, dada la finalidad de preservar el interés general, sea posible solicitar a este Tribunal la reconsideración de la resolución acordada". Lo que se traduce, según la número dos del Ejecutivo en que "si hubiera una utilización de la ley catalana contraria" a lo que dice el auto, el Estado podría solicitar al tribunal la suspensión de los preceptos de la norma y dejar sin efecto cualquier acto dictado en aplicación de la misma.

SEGUNDO INSTRUMENTO LEGAL

Pero además Sáenz de Santamaría aseguró que los actos llevados a cabo por la Generalitat que queden fuera del marco de sus competencias serían "inconstitucionales" y por tanto se podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional directamente. Esta segunda vía tendría, en su opinión, "una ventaja": la suspensión automática del referendo en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Es decir, subrayó, "que si se adoptara la decisión de convocar un referéndum de esa naturaleza inconstitucional, se va directamente ante el TC y se suspende la convocatoria de esa decisión nada más con que lo pida el Gobierno".