El Gobierno confirma que aparca la ley del aborto

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no tuvo ayer más remedio que dar una explicación a lo que ya es un secreto a voces: que el Gobierno ha decidido aparcar la controvertida reforma del aborto y darse un tiempo para ver qué hace con un proyecto legal que le ha traído tantos quebraderos de cabeza, especialmente por las reticencias que ha encontrado dentro del propio Ejecutivo y del PP  a que se apruebe una norma excesivamente restrictiva y sin la suficiente demanda social.

La número dos del Ejecutivo se enfrentó a varias preguntas sobre el espinoso asunto en la comparecencia tras el Consejo de Ministros. Pero, pese al envite de la prensa, evitó confirmar que la reforma se haya aparcado. Dejó caer no obstante que la aprobación de la misma está supeditada a que su texto genere el «máximo consenso». El acuerdo «es muy importante» y «se harán todos los esfuerzos» para lograrlo, afirmó.

El problema, llegó a reconocer, es que el aborto «es una cuestión complicada» porque se trata de un tema «de gran sensibilidad social». Y pese a que el Gabinete de Rajoy ha trabajado «desde el primer momento» en la búsqueda de ese sacrosanto «consenso», la labor no ha sido «sencilla» ya que es un tema «delicado desde el punto de vista social».

RECHAZO INTERNO Y EXTERNO / Es una manera enrevesada de dar a entender que el Ejecutivo se ha dado cuenta de que el proyecto legal genera opiniones tan encontradas que estudia la manera más conveniente de dejarlo morir para no perjudicar los intereses electorales del PP en las próximas citas electorales.

Acordar el cambio legal con la oposición es prácticamente imposible porque todos los partidos, salvo Unió, han manifestado su oposición frontal. También en el PP hay sensibilidades diversas, desde aquellos que aplauden que se retire un proyecto legal que les roba votos del electorado de centro, hasta los que consideran que no se puede incumplir un compromiso electoral de tanto calado ni traicionar así a los simpatizantes más conservadores. Los parlamentarios más significados a favor de las restricciones en el aborto se sumaron ayer a la campaña que los colectivos antiabortistas promueven en las redes sociales para exigir al Gobierno que no dilate por más tiempo la reforma.

También hay una corriente creciente en el partido que considera que el Ejecutivo debería optar por una tercera vía, con la aprobación de una ley de mínimos, muy pegada al inconcreto programa electoral -que sólo apostaba por «reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores»- que le permita salir airoso de la situación y no deje a los pies de los caballos al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, adalid de la contrarreforma y cuyo crédito político quedaría muy dañado si esta no ve la luz.

EL CALENDARIO / Sería una salida política más que práctica puesto las elecciones generales se celebrarán a finales del 2015 y, salvo que el PP someta al proyecto legal a una tramitación exprés en las Cortes, no habrá tiempo de que entre en vigor esta legislatura.

La vicepresidenta es la que decide, junto con Mariano Rajoy,  qué saca adelante y que no el Consejo de Ministros. Por  tanto,  es corresponsable de que la polémica contarreforma no haya visto aún la luz, puesto que el Ministerio de Justicia acabó el encargo de suavizar el restrictivo anteproyecto aprobado en diciembre-que sólo despenaliza el aborto ante una violación o si la gestante logra demostrar que continuar con el embarazo le acarrea un problema «grave» de salud-, hace semanas.

Este retraso ha provocado en sí mismo que Gallardón, quien aseguró que la reforma vería la luz antes de que acabe el verano, estación que finaliza el martes, haya quedado desautorizado. La vicepresidenta evitó ayer contestar todas las preguntas referidas tanto al posible desprestigio del ministro, así como si este ha puesto su dimisión encima de la mesa para forzar a Rajoy a aprobar el texto, con el argumento de que no podía confirmar nada sobre algo que «compete al presidente». «El ministro -es todo lo que dijo- tiene el mandato de trabajar por el consenso».