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El departamento de Governació ha estimado en 753 millones de euros la deuda que la Generalitat mantenía con los ayuntamientos catalanes al término del 2011. Esta cifra no coincide con los cálculos de las asociaciones municipalistas, que elevan la cantidad pendiente de cobro a unos 1.000 millones. En todo caso, es la primera vez que el Govern cuantifica el monto que adeuda al mundo local. Los números se conocen un día después de que las entidades de municipios se reuniesen con el president, Artur Mas, quien les dio esperanzas de que el Govern podrá pagar parte de sus deudas al mundo local gracias a la inyección de crédito anunciada por el Ejecutivo central.

Críticas a Rajoy

Curiosamente, el importe de la deuda que reconoce el Govern es similar a la partida del Estatut que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe a Catalunya en virtud de la disposición adicional tercera (759 millones). Un hecho que ha aprovechado la vicepresidenta Joana Ortega para achacar al Gobierno central gran parte de la responsabilidad de que la Generalitat no pueda sufragar sus deudas con el mundo local. No obstante, la número dos del Gabinete de Mas ha evitado citar la cifra en la tribuna del Parlament, donde ha respondido a sendas interpelaciones del PSC y ERC, sino que han sido fuentes de su departamento quienes han precisado la cantidad.

Horas antes, en TV-3, el presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, había lamentado la actitud de "opacidad" que está teniendo la Generalitat en lo que a financiación de los entes locales se refiere. "La deuda viva, reconocida está por encima de los 900 millones, casi en 1.000 millones", ha afirmado Bustos, sumando las deudas de consistorios, consejos comarcales y otros entes municipales.

Dos medidas asfixiantes

En menos de una semana, la Generalitat ha anunciado dos medidas que asfixian todavía más las arcas de los ayuntamientos. En primer lugar, ha aplazado indefinidamente el pago a los consistorios de la subvención correspondiente a las guarderías. Y en segundo lugar, no hará efectivas las ayudas de la ley de barrios otorgadas durante el 2008 y el 2009, que sirven para rehabilitar las zonas más precarias de pueblos y ciudades, unas obras que pagan a partes iguales ayuntamientos y Generalitat.

Para tratar de negociar medidas de alivio, el Govern y las entidades municipalistas (Federació de Municipis de Catalunya y Associació Catalana de Municipis i Comarques) acordaron el miércoles la creación de una comisión mixta que perfile las futuras leyes de Gobiernos locales y de Haciendas locales. Sin embargo, Mas evitó en todo momento fijar un calendario de pagos a los ayuntamientos.