Gallardón y Fernández Díaz serán los que gestionarán la respuesta del Gobierno a la sentencia de la 'doctrina Parot'

Ni el Gobierno ni el PP esperan que hoy sea un día fácil. Se da por hecho que el Tribunal de Estrasburgo hará pasar un mal trago a las instituciones españolas tirando por tierra la llamada doctrina Parot. El equipo de Mariano Rajoy lleva tiempo celebrando reuniones y estudiando los posibles escenarios que se le pueden presentar una vez que la justicia europea haya tomado una decisión definitiva sobre el recurso presentado por la etarra Inés del Río. Fuentes gubernamentales admiten que no hay optimismo en las filas populares y que, dados los precedentes del Tribunal de Estrasburgo, están preparados para «lo peor». Es decir, para que docenas de encarcelados por delitos graves -no solo ligados al terrorismo- vean rebajadas de forma drástica sus condenas y empiecen a salir a la calle, con la alarma social que la situación puede conllevar.

La única posibilidad que podría encontrarse el Ejecutivo para buscarle las vueltas al fallo que se espera hoy es que los magistrados de Estrasburgo redacten una sentencia sobre la doctrina Parot en la que tomen una decisión clara sobre Del Río y, sin embargo, se limiten a hacer una recomendación a España para el resto de reos que, al encontrarse en igual situación, podrían recurrir en cascada sus condenas.

Serán los ministros de Justicia y de Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz, los encargados de dar la cara ante los medios de comunicación en nombre del Gobierno y explicar cuál será la actitud del Ejecutivo una vez que se haga pública tan conflictiva sentencia.

EL PRECEDENTE DE BOLINAGA / Las fuentes consultadas enfatizan la importancia de tener una buena estrategia de comunicación diseñada para hacer frente a tan espinoso asunto, así como no mostrar discrepancias entre el discurso que salga de la Moncloa y el que provenga de las filas del PP. Habrá que ver si eso es posible: la concesión del tercer grado y la consiguiente salida de prisión de Josu Uribetxeberria Bolinaga el pasado año propició una crisis relevante en el seno del partido y un distanciamiento entre la dirección popular y una parte de su electorado, además del soberano enfado de las víctimas.

Quizás este escenario interno y la cercanía de la decisión definitiva sobre la doctrina Parot ayude a explicar, al menos en parte, por qué el Gobierno tomó hace tan solo unas semanas otra polémica decisión cuestionada por casi todos los partidos vascos: impulsar la detención de 18 miembros de Herrira, la asociación de apoyo a los presos de ETA. La estrategia sorprendió y disgustó a muchos, especialmente a los que esperan en breve un desarme de la banda, pero sosegó a los sectores más conservadores. Se amortiguó en parte el golpe que parece que está por llegar.

QUE LA UE VIGILE / En esta misma línea, cabe recordar además que una de las portavoces del ala dura del partido, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, reclamó públicamente al Gobierno que reformase con urgencia el Código Penal e introdujera, cumpliendo su compromiso electoral, la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad (incluidos los de terrorismo), a fin de llenar el posible vacío que dejaría la derogación de la doctrina Parot. Esa revisión del Código Penal fue aprobada hace un mes por el Consejo de Ministros. «Habrá quien intente vender la decisión de Estrasburgo, si da la razón a Inés del Río, como una victoria de ETA. Pero la verdad es que la doctrina Parot y otras leyes ayudaron a acabar con la banda», apuntan fuentes populares.

El PSOE defiende también una doctrina que cuenta con el aval de los tribunales españoles, mientras que tanto los nacionalistas como la izquierda minoritaria la consideran abusiva e, incluso, han solicitado ya a la UE que vigile que el Ejecutivo cumple con lo que dicte hoy el Tribunal de Estrasburgo sin utilizar estrategias para retrasar en lo posible las excarcelaciones, en caso de que, como se vaticina, vaya a haberlas.