El Periódico

PROCESO JUDICIAL POR LA CONSULTA ALTERNATIVA

La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la consulta del 9-N

Considera que el expresidente articuló una "estrategia de desafío" para desobedecer al Constitucional

El ministerio público solicita también nueve años de inhabilitación para Joana Ortega e Irene Rigau

  • La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la consulta del 9-N

    FERRAN NADEU

    Artur Mas sale del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tras declarar como imputado por la consulta del 9-N

  • Artur Mas declara ante el TSJC por el 9-N acompañado por unas 6.000 personas

    FERRAN SENDRA / CARLA FAJARDO

    Artur Mas declara ante el TSJC por el 9-N acompañado por unas 6.000 personas

Lunes, 3 de octubre del 2016 - 12:02 CEST

La Fiscalia Superior de Catalunya solicita 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, 9 años para la exvicepresidenta Joana Ortega y otros 9 años para la 'exconsellera' Irene Rigau por haber impulsado y organizado la consulta soberanista del 9-N. Hace unos meses, la fiscalía desistió de acusar a los tres investigados de un delito de malversación de fondos públicos, lo que comportaba que solicitaran para ellos penas de cárcel, pero les continúa imputando los delitos de desobediencia grave y prevaricación.

De forma alternativa, y en el caso de que el tribunal considere que estos dos delitos deben ser juzgados por separado, la fiscalía reclama para Mas por el delito de desobeciencia una multa de 36.000 euros e inhabilitación especial por un año y seis meses, y por prevaricación inhabilitación por un tiempo de ocho años. La pena para Ortega y Rigau que solicita la fiscalía de forma alternativa es de multa de 30.000 euros y inhabilitación de un año y un mes por desobediencia y siete años y seis meses de inhabilitación por la prevaricación. Es decir, la acusación pública incluye la multa y rebaja la inhabilitación para los tres investigados.

Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled consideran que los tres exmiembros del Govern desobedecieron la suspensión dictada días antes por el Tribunal Constitucional. La fiscalía sostiene que el 'expresident' desatendió el mandato de alto tribunal de forma intencionada y, por lo tanto, incumplió la obligación de dejar sin efecto la convocatoria. El escrito de acusación ha sido presentado este lunes en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el órgano judicial que ha investigado el caso y donde se celebrará el juicio.

ESTRATEGIA DE DESAFÍO

La fiscalía sostiene que Mas, auxiliado por Ortega y Rigau, "articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" del Constitucional, que conocieron el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre del 2014 (el presidente recibió un correo electrónico del alto tribunal). De este modo, añade la acusación pública, que el entonces presidente de la Generalitat "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió en irrazonablemente en aparente fuente de normatividad" y actuando "con plena consciencia y voluntad", dejó de suspender oficialmente la convocatoria, "incumpliendo la obligación" que convocante de la misma le atañía.

Las claves de la noticia

  • Mas: jefe máximo La fiscalía sostiene que Artur Mas, como presidente de la Generalitat, «intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad», desatendió el mandato del Tribunal Constitucional, que como convocante le atañía, de dejar si efecto la celebración del proceso participativo soberanista. Según la acusación pública, el expresidente «consecuentemente» no cursó las órdenes correspondientes para detener los preparativos en curso. Los fiscales le reclaman para él 10 años de inhablitación o alternativamente 9 años y seis meses y multa de 36.000 euros.
  • Ortega: el control La acusación pública detalla que la que fuera vicepresidenta Joana Ortega siguió ejerciendo el control coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación a pesar de la suspensión del Constitucional. Y lo hizo «por debajo del presidente autonómico que primero dispuso y luego habilitó su celebración·. Ortega asumió la coordinación de entes y funcionarios y fue «la impulsora directa» de las principales actuaciones para la votación. Le piden nueve años de inhabilitación u ocho años y siete meses y multa de 30.000 euros.
  • Rigau: los centros Irene Rigau, a la sazón consellera d’Educació, actuó, según la fiscalía, de forma «coordinada» con los otros dos acusados, poniendo a dispoisición de aquellos «medios propios de su departamento», como los centros de enseñanza públicos. Se sirvió de los jefes de servicio territoriales para garantizar que los directores de escuelas e institutos siguieran prestando su apoyo para que los centros pudieran ser acondicionados para la votación y abrieran sus puertas el 9-N. Los fiscales le pide nueve años de inhabilitación u ocho años y siete meses y multa de 30.000 euros.

Por ello, incide los fiscales, Mas "se concertó" con los otros dos acusados para "disponer efectivamente, o dejar de truncar, la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha", así como las que se iban a producir antes de la votación. Es decir, según la acusación, los trabajos preparatorios continuaron "hasta completarlos", eso sí, "con la conveniente discreción".

LOS VOLUNTARIOS

Y es que para la fiscalía, los acusados eran "plenamente conscientes" de  que con su actuación "quebrantaban el obligado acatamiento de las decisiones" del Constitucional, "ilícito designio" que, si querían que prosperara, "debían enmascarar convenientemente". Para lograrlo, destaca el ministerio público, los acusados decidieron "generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así".

De este modo, insisten los fiscales, "la utilización de instrumentos y procedimientos públicos, lejos de ser interrumpida, continuó", si bien se mantuvo "convenientemente en segundo plano", de forma que "de cara al exterior" la apariencia fuera de que el proceso participativo estaba en manos de voluntarios. Actuaron, en su opinión, "en un clima de opacidad escasamente compatible con el ejercicio responsable de las potestades públicas". Y agregan que como sabían que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnaría la convocatoria, los tres investigados "actuaron dispuestos en todo momento a eludir el control judicial".

La fiscalía hace un pormenorizado relato de las actuaciones realizadas por el gobierno catalán antes y después de la suspensión por parte del Constitucional y destaca que, tras esa decisión, los acusados "siguieron con renovado impulso" la organización del proceso participativo hasta el mismo 9-N, cuando efectuó la votación. Concluyen que la "concatenación de acciones y omisiones" de los acusados y la "secuencia de actos" que de las mismas se derivaron "determinaron la total ineficacia de la orden de suspensión cautelar".

RECTA FINAL

El proceso judicial abierto tras la querella de la fiscalía contra Mas, Ortega y Rigau entra en su recta final. Deberán también presentar su calificación las acusaciones populares, que coordina desde hace unos meses el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía. Después le tocará el turno a las defensa de los encausados que siempre han alegado que no se cometió delito alguno.

De forma paralela, en el Tribunal Supremo, en Madrid, se está investigando la participación en el 9-N del portavoz en el Congreso del Partit Demòcrata Català y 'exconseller' de Presidència Fancesc Homs. En su declaración del pasado 19 de septiembre, Homs aseguró que días antes de la consulta alternativa un miembro del Gobierno español, del que no desveló el nombre, ofreció al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, un pacto: si el día de la votación no salía públicamente a analizar el resultado, el Ejecutivo central no emprendería ninguna acción contra la Generalitat.

LA QUERELLA INICIAL

La fiscalía presentó el 21 de noviembre del 2014 ante el TSJC la querella contra Mas, Ortega y Rigau por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. El escrito, de 30 folios, señalaba que el 9-N se celebró una consulta "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat en la que se preguntó si esta comunidad autónoma era un Estado y si se debía declarar independiente. La convocatoria fue "articulada" a través de una página web. El texto acusa al Govern de desplegar "una conducta incompatible" con la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 4 de noviembre. Y mantiene que los querellados "han participado de manera personal y directa".

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