La Fiscalía defiende su independencia ante las presiones

Desde el momento en que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach mantuvo su criterio de no imputar a la infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales, tres cuartas partes de los españoles, según una encuesta, acusaron al representante del ministerio público de actuar a las órdenes del Gobierno. Sin embargo, la semana pasada el fiscal jefe de Catalunya José María Romero de Tejada se opuso, con el respaldo de un grupo de fiscales catalanes, a firmar una querella contra Artur Mas, que finalmente el viernes acabó rubricando por lealtad al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, a pesar de que no la había redactado él. ¿En qué quedamos entonces? ¿Son o no son independientes los fiscales?

En España hay aproximadamente unos 2.400 fiscales en activo. Tras aprobar las oposiciones, las mismas a las que se presentan los jueces, escogen un destino en el que trabajarán como becarios sin separarse del fiscal asignado que vigilará su labor. Superado el periodo de prácticas, en virtud de las vacantes y las notas consiguen una plaza en la estructura territorial de la fiscalía o en los diferentes órganos centralizados, con sede en Madrid.

Pero no nos escabullamos de la pregunta inicial. ¿Hasta qué punto son independientes los fiscales? «Si alguien quiere ser independiente en la fiscalía lo es. ¿Hasta qué punto? Hasta el mismo punto de independencia del director de un medio de comunicación, o el responsable de una empresa pública o privada. No me siento menos independiente que nadie por ser fiscal», sentencia. La respuesta, evidentemente, es de un fiscal con más de 20 años de trayectoria que hizo las prácticas en Catalunya y, tras pasar por San Sebastián y Barcelona, desde hace un tiempo se le acumulan los expedientes en su despacho de una de las fiscalías centralizadas.

Su criterio es contundente. Él mismo ha discrepado en casos importantes frente al criterio de su superior. «Mi tutor me enseñó que en la fiscalía si no estoy conforme con algo, lo tengo que decir y defender». El estatuto de los fiscales ampara la discrepancia. El artículo 27 permite objetar de órdenes de un superior si el fiscal entiende que son erróneas. Justamente es lo que le ocurrió al fiscal jefe de Catalunya en los primeros momentos de su pulso con el fiscal general del Estado. Discrepaba sobre la querella contra Artur Mas por el proceso de participación del 9-N y no la redactó. Se acogió a ese derecho. Otra cosa distinta es que otros fiscales, con Torres-Dulce a la cabeza y la fiscala jefa de Barcelona, Ana Magaldi, entienden que Romero de Tejada se equivocó al no querellarse contra Mas, incluso antes del 9-N, por lo menos por un delito de malversación de caudales públicos sin destino legal. Esa discrepancia, incluso en el seno de la propia fiscalía de Catalunya, donde los cuatro jefes provinciales trabajan con sus fiscales de confianza, evidencia, según las fuentes consultadas, «la diversidad de criterio» de la institución.

El artículo 124 de la Constitución enumera los tres principios por los que se debe regir un fiscal: legalidad, jerarquía y unidad. Los fiscales prefieren hablar de un solo principio, el de legalidad, porque entienden que los otros dos están subordinados al primero. Y lo explican. Cuando un fiscal discrepa del criterio de su jefe, el tema se discute en un órgano superior. Al final la última palabra la tiene el fiscal general del Estado, pero el disconforme puede apartarse del caso.

En todos los procesos judiciales el fiscal es el encargado de defender la legalidad, tanto en las instrucciones penales como civiles. Es el representante de la ley y por eso los ciudadanos perjudicados en un delito tienen que tener al fiscal de su lado. Pero no todo el mundo tiene tan clara esa labor. Por ejemplo, cuando hay investigaciones por corrupción en instituciones como un ayuntamiento, se personan con sus abogados cuando el fiscal ya les representa. Es un buen ejemplo para comprender hasta qué punto hay desconfianza sobre esa independencia.

La fiscalía no depende del órgano judicial, ni ejecutivo ni legislativo, es un órgano constitucional cuyo jefe superior elige y nombra el Gobierno. ¿Cuánto de autónomo es el fiscal general del Estado? Y otro representante del ministerio público con mucha experiencia y que ahora trabaja en Barcelona responde con otra pregunta. «¿Cuánto de autónomo es el director de un diario? Depende mucho del carácter de cada persona, ¿verdad? Pues aquí lo mismo.»