Álvarez defiende que su gestión fue "transparente y clara" y que desconocía las irregularidades

La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez ha defendido este martes que su gestión al frente de ese departamento fue "absolutamente transparente y clara", al tiempo que ha insistido en que no tuvo conocimiento de irregularidades en la tramitación de las ayudas y los expedientes de regulación de empleo que tramitó la Junta de Andalucía.

Álvarez se manifestaba así al concluir su declaración ante la jueza que instruye el supuesto fraude de los ERE, que se ha prolongado durante más de dos horas. Según ha desvelado la exministra de Fomento, ha sido un interrogatorio muy técnico, en el que se ha sentido muy cómoda y ha podido aclarar todo lo que le han preguntado. No obstante ha insistido en su sorpresa por su imputación.

En este sentido, fuentes judiciales explicaron que Álvarez ha subrayado que el mecanismo de transferencia de financiación, considerado "ilegal" por la jueza Mercedes Alaya en su uso para pólizas de prejubilación o ayudas directas a empresas, es correcto y que se usa en varias comunidades autónomas mediante una transposición de la normativa nacional.

A la espera de la vistilla

En estos momentos, tanto Álvarez como el resto de partes personadas en el caso esperan a ser llamados para la vistilla en la que se determinarán las posibles medidas cautelares.

Alaya ha imputado formalmente a Álvarez (actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones) por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se trata de los mismos cargos por los que responsabiliza a todos los exresponsables políticos de la Junta implicados en el caso.

Según consta en el auto dictado el pasado mes de junio y en el que citaba a declarar a la también exministra de Fomento, la jueza entiende que Álvarez "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación". Un procedimiento que la magistrada considera ilegal, al mantener que las pólizas de prejubilación y las ayudas directas a empresas en crisis debían haberse tramitado mediante la fórmula de subvención excepcional, sometida a mayores controles.

Una normativa estatal

La jueza sostiene, además, que el uso indebido de este mecanismo de transferencia de financiación provocó el "dispendio continuado" de los fondos públicos adscritos a las partidas de ayudas sociolaborales de los Presupuestos autonómicos. Según ha trascendido, tras leerle el auto de imputación, el interrogatorio ha comenzado con preguntas técnicas en torno a dicho procedimiento, que Álvarez ha defendido que se aplicaba en otras comunidades al tratarse de una "transposición de una normativa estatal".

Citando a algunos abogados presentes en el interrogatorio, la agencia EFE apunta a que la exconsejera andaluza está oponiéndose a muchas de las afirmaciones de la juez y ha intentado explicar por qué las partidas no son según entiende Alaya. Según esos letrados, una vez la jueza ha comunicado a Álvarez los delitos que le imputa, ha comenzado el interrogatorio en un ambiente de "tranquilidad" y "plenamente normal, sin tensión alguna". La magistrada le ha preguntado, para comenzar, sobre el sistema de las transferencias de financiación utilizado para el pago de las ayudas investigadas, y Álvarez le ha contestado que dicho sistema no lo inventó ella, sino que "es una transposición de normas españolas" y que "ya existía" en otras comunidades autónomas españolas.

"Un paso cualitativo"

Fue a comienzos del pasado julio cuando la juez Alaya emitió un auto en el que anunciaba un "paso cualitativo" en la instrucción del caso con la imputación de 20 cargos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos Álvarez. En aquel auto figuraba también la imputación del entonces viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 2002 y 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, del exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, o los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez; y de Empleo, Justo Mañas.

"Responsables de mayor escala"

En ese auto, la jueza señalaba que la exministra fue la persona que dictó en el 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales", como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones desde junio del 2010, Álvarez fue ministra de Fomento en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entre el 2004 y el 2009 y consejera andaluza de Hacienda en el Ejecutivo de Manuel Chaves entre 1994 y el 2004.

La juez Alaya reiteró la semana pasada su convicción de que el sistema de los ERE fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado, ya que considera que el procedimiento respondía a una decisión política y que se creó "indiciariamente, en vía presupuestaria".