La jueza de los ERE andaluces acusa a la exministra Magdalena Álvarez

la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público, dio ayer un salto «cualitativo» en la investigación con la imputación de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y a una veintena de altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el exinterventor general. Las imputaciones están relacionadas con la legalidad del sistema de ayudas a empresas en crisis que implantó la Junta y que, según la jueza, era un sistema «indebido» que provocó un «dispendio continuado de fondos públicos».

Se trata de una pata de la investigación que llevaba adormecida un tiempo, dado que en los últimos meses Alaya prefirió centrarse en seguir el destino del dinero que salía de las arcas públicas y se diluía en una maraña de entidades mediadoras, sindicatos y despachos de abogados. Sin embargo, y coincidiendo con los movimientos internos desatados en el PSOE andaluz a raíz del anuncio del presidente José Antonio Griñán de que no repetirá, la jueza ha retomado esta línea de investigación con un golpe de efecto. «Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas, las cuales [...] habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación», señala en el auto fechado el pasado día 28 de junio.

TRES CONSEJERÍAS/ La jueza pone en el punto de mira a la cúpula directiva de los últimos 12 años de al menos tres consejerías, Economía, Empleo e Innovación, entre los que está el actual viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, número dos de Susana Díaz y que fue director general de Presupuestos entre el 2002 y el 2009 (no se incluye a ningún exalto cargo aforado). Todos ellos, según la jueza, conocían al menos indiciariamente que el sistema de transferencias de financiación empleado para dar las ayudas desde el 2001 permitía eludir controles.

La Junta siempre ha defendido la legalidad del sistema. Entre el 2001 y el 2010, en virtud de un convenio marco suscrito entre ambos organismos, la Consejería de Empleo aprobó transferencias de financiación de explotación para el Instituto de Fomento Andaluz (IFA) y con cargo a la famosa partida 31-L, definida por el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero como «fondo de reptiles» y dotada con 700 millones.

DESFASES/ Según la ley, esas transferencias solo son utilizables para financiar la actividad global del ente receptor o equilibrar las cuentas, y no para pagar expedientes de regulación de empleo o ayudas a empresas. Es decir, se obviaba según la jueza el procedimiento administrativo legalmente previsto para este tipo de gastos, que son las subvenciones. También cuestiona Alaya si una autonomía es competente para otorgar ayudas socio-laborales.

Ese uso indebido generó desfases presupuestarios que debían ser enmendados por la Consejería de Hacienda mediante modificaciones presupuestarias. Magdalena Álvarez, como responsable de la consejería entre 1994 y el 2004, fue, según la jueza la persona que «dictó las normas» en las que se recogía el concepto presupuestario de esas transferencias en el 2003. Y quien con anterioridad aprobó las sucesivas modificaciones presupuestarias. Su sustituto en ese puesto fue precisamente Griñán, a quien Alaya ya ha señalado en varias ocasiones por mantener el modelo.

En el caso del exinterventor general, la imputación se produce porque advirtió en varias ocasiones de que ese sistema se saltaba los controles, pero, como argumenta la Junta, nunca alertó de menoscabo de fondos públicos, según repitieron tanto Álvarez como el propio Griñán en la comisión de investigación celebrada en el 2012.

Las reacciones al nuevo auto no se han hecho esperar. El PSOE-A criticó que se abre una «causa general por motivaciones políticas» contra los gobiernos socialistas en Andalucía, mientras que la Junta pidió que que se respete la presunción de inocencia de unos servidores públicos que «han defendido Andalucía y el dinero público».